El gobierno de los Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricción de visados dirigida contra ciudadanos extranjeros y funcionarios sudafricanos a quienes señala como responsables o cómplices de promover la discriminación racial, la expropiación de tierras sin compensación e incitar a la violencia contra minorías étnicas en la nación africana. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, representa un nuevo punto de quiebre en las relaciones bilaterales y busca sancionar conductas que, según la administración estadounidense, atentan contra la propiedad privada y el estado de derecho.
La nueva normativa se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), disposición que faculta al Secretario de Estado para declarar inadmisible en territorio estadounidense a cualquier ciudadano extranjero cuya entrada pueda generar "consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos". Según detalló el Departamento de Estado, el alcance de las cancelaciones y denegaciones de visado se extenderá de igual forma a ciertos familiares directos de los sancionados que resulten identificados por las autoridades diplomáticas.
"Como el presidente Donald Trump ha dejado claro, el pueblo sudafricano está siendo abandonado por un gobierno que está destruyendo su economía mediante una búsqueda obsesiva de agravios raciales contra la minoría afrikáner. Los responsables de estas injusticias no tienen cabida en Estados Unidos", asfirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta acción punitiva complementa las directrices fijadas en febrero de 2025 a través de la Orden Ejecutiva 14204, titulada "Abordando las Acciones Egregias de la República de Sudáfrica". Mediante dicho decreto, el presidente Donald Trump instruyó a las agencias federales a suspender la asistencia económica hacia Pretoria y ordenó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional dar prioridad al refugio y ayuda humanitaria para los integrantes de la minoría afrikáner, argumentando el impacto de leyes como la Ley de Expropiación sudafricana en la confiscación de granjas y terrenos agrícolas.
El Departamento de Estado subrayó que las decisiones adoptadas responden a la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno sudafricano para contener lo que Washington describe como retórica deshumanizadora, agresiones en áreas rurales y marcos regulatorios basados en criterios raciales. Hasta el momento, las autoridades de la Casa Blanca sostienen que la política exterior norteamericana mantendrá la firmeza en la aplicación de sanciones hasta que se detengan las incitaciones a la violencia y se garantice la seguridad jurídica de los grupos minoritarios en territorio sudafricano.
(Con información del Departamento de Estado de Estados Unidos y Fox News)
