La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una bolsa de recompensas que supera los 102 millones de dólares. La medida, coordinada con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), está dirigida a obtener información que conduzca al arresto y condena de ocho altos mandos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción gubernamental responde a la clasificación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), tras responsabilizar a la estructura criminal de inundar las comunidades estadounidenses con fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína. El reajuste en los montos de búsqueda refleja la reestructuración interna de la cúpula narco tras la reciente muerte del fundador de la organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
Dentro del nuevo esquema de recompensas destaca una oferta de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", identificado por la inteligencia federal como el nuevo líder del cartel e hijastro del difunto capo. Asimismo, se fijaron recompensas de hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva ("Jardinero"), Gonzalo Mendoza Gaytán ("Sapo") y Julio Alberto Castillo Rodríguez ("Chorro"), y de hasta 10 millones por operadores clave como Ricardo Ruiz Velasco ("Tripa"), Julio César Montero Pinzón ("El Tarjetas") y Carlos Andrés Rivera Varela ("La Firma").
De forma paralela a las recompensas económicas, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo pública la imposición de restricciones de visado a 65 individuos que forman parte del entorno familiar, empresarial o personal de los miembros sancionados del cartel bajo la Orden Ejecutiva 14059. Como parte de esta ofensiva migratoria, las autoridades revocaron de inmediato 26 visados vigentes, elevando a 93 el total de visados cancelados a colaboradores de organizaciones narcoterroristas desde junio de 2025.
El paquete de medidas económicas e imposiciones de visado complementa la apertura formal de expedientes penales y el levantamiento de cargos judiciales por parte del Departamento de Justicia contra la cúpula operativa del CJNG. Las investigaciones conjuntas son respaldadas por los programas de recompensas NRP y TOCRP, los cuales celebran 40 años de vigencia habiendo facilitado la captura de más de 90 criminales transnacionales en todo el mundo.
Para facilitar la recolección de inteligencia, las agencias federales habilitaron líneas directas confidenciales, correos electrónicos y canales en plataformas encriptadas para la recepción de denuncias ciudadanas desde cualquier país. Con esta estrategia masiva, Washington busca acelerar el desmantelamiento total de las redes de financiamiento, logística y mando del cartel en territorio norteamericano e internacional.
(Con información del Departamento de Estado de los EE. UU. y las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio)
