En una nueva acción de política exterior orientada al Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la implementación de una política de restricción de visados contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos implicados en actos de corrupción o narcotráfico que atenten contra gobiernos elegidos democráticamente. La disposición, oficializada por el portavoz Thomas Pigott, busca cumplir los compromisos en materia de seguridad y combate al crimen organizado asumidos en el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas.
Las restricciones de ingreso se fundamentan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), articulado que faculta la denegación o revocación de visados a individuos cuya presencia en territorio estadounidense pudiera generar consecuencias adversas graves para la política exterior del país. Las sanciones inmediatas alcanzaron a exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países participantes de la alianza regional.
"Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado. Se trata de un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con nuestros socios", precisó la declaración de prensa del Departamento de Estado.
En el caso de Bolivia, la Administración estadounidense revocó los visados de doce personas (entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima Magne, magistrados, jueces, fiscales y jefes policiales) e inhabilitó a otros nueve ciudadanos sin visado vigente. En Colombia, la medida afectó al empresario Euclides Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico. Asimismo, se revocaron los visados de dos ciudadanos ecuatorianos y del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, junto a sus respectivas familias.
En una acción complementaria bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones, el Gobierno estadounidense designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. Las autoridades del Departamento de Estado señalaron a Mariaca por presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y encubrir a criminales violentos durante su gestión pública, lo que genera una inhabilitación permanente de ingreso a Estados Unidos para él y su núcleo familiar directo.
Con la activación de estas restricciones, Washington busca consolidar el sistema de sanciones coordinadas acordado con las naciones socias del Escudo de las Américas. El Ejecutivo estadounidense reiteró que continuará evaluando pruebas para aplicar nuevas restricciones administrativas a fin de cercar las operaciones financieras y de movilidad de redes acusadas de corrupción y narcoterrorismo en la región.
(Con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos)
