En una sesión de alto impacto político, el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, presentó el martes un proyecto de ley con carácter de urgencia diseñado de forma explícita para replicar en todo el territorio hondureño el exitoso modelo de seguridad ciudadana implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
La propuesta legal busca arrancar de raíz el repunte de delitos de alto impacto como la extorsión, el sicariato, los asaltos armados y los secuestros. Estas manifestaciones delictivas, promovidas por estructuras criminales transnacionales, mantienen sumida a la población en un estado generalizado de zozobra, pánico y desamparo institucional.
La iniciativa surge como una respuesta directa y contundente al clamor popular que exige desmantelar de forma definitiva los reductos de las pandillas y las mafias organizadas que asfixian la economía de la nación. Durante su intervención ante el pleno legislativo, el vicepresidente Fajardo defendió la legitimidad de adoptar medidas extraordinarias frente al fracaso de las herramientas ordinarias del Estado.
El parlamentario reconoció abiertamente que, si bien este Congreso de la República ha cumplido con su deber al aprobar sucesivas reformas estructurales al Código Penal y al Código Procesal Penal, los parches legales de corte tradicional no han surtido el efecto pacificador ni han devuelto la tranquilidad que la sociedad hondureña demanda con justa urgencia.
El articulado del proyecto de ley estipula un mandato de ejecución inmediata que rompe con la pasividad habitual de los ministerios del área social y de defensa. En su artículo primero, la norma dictamina la obligatoriedad de asimilar e implementar las doctrinas del modelo salvadoreño en los dieciocho departamentos del país, con el fin de garantizar la paz soberana y la estabilidad del pueblo.
Para dar cumplimiento inmediato a esta directriz, el decreto instruye formalmente al ministro de Seguridad de Honduras y a su equipo de comandantes a desplazarse de urgencia a la República de El Salvador para mantener reuniones de alto nivel con sus homólogos ministeriales, absorbiendo de primera mano las tácticas operativas, el despliegue territorial y los procedimientos carcelarios que desarticularon a las maras.
La propuesta legislativa faculta de manera integral a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras para actuar de forma conjunta bajo un mando unificado, incorporando mecanismos de saturación militar y cercos de seguridad similares a los desarrollados con éxito en el territorio salvadoreño durante los últimos años.
El objetivo prioritario de esta estructura dual es coordinar esfuerzos de inteligencia penal para ahogar las fuentes de financiamiento ilícito de las pandillas, liberar los barrios comerciales controlados por los cobradores de "impuestos de guerra" y recuperar de manera permanente los espacios públicos que habían sido cedidos a la delincuencia común.
La adopción de esta doctrina de "mano dura" cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad civil y del oficialismo parlamentario, sectores que observan con profunda admiración los datos estadísticos oficiales del gobierno de El Salvador, los cuales reportan caídas históricas en las tasas de homicidios hasta consolidar niveles de seguridad sin precedentes en la región de Centroamérica.
(Con información de Infobae, Congreso Nacional de Honduras y Diario Latina)
