El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició un proceso masivo para revocar la ciudadanía estadounidense a más de dos docenas de personas imputadas por la comisión de delitos graves, fraude de identidad y ocultamiento de antecedentes penales durante sus trámites de naturalización. La medida representa la mayor ofensiva coordinada de retiro de ciudadanía en los registros del organismo federal.
Las demandas interpuestas ante los tribunales federales afectan a 25 individuos procedentes de 17 naciones, entre las que figuran México, Colombia, Honduras, El Salvador, Cuba, Haití, Jamaica, Nigeria, India y Pakistán. De acuerdo con las investigaciones del Gobierno federal, los acusados incurrieron en faltas graves que habrían anulado automáticamente su elegibilidad para obtener el estatus de ciudadanos estadounidenses.
Entre las violaciones denunciadas por los fiscales destacan cargos por tentativa de homicidio, abuso sexual de menores, violencia doméstica, fraude matrimonial, usurpación de identidad, estafas bancarias y el ejercicio ilegal de la medicina. En uno de los expedientes presentados en Carolina del Norte, se busca retirar la ciudadanía a un sujeto condenado por intento de asesinato que se acogió al servicio militar sin cumplir los requisitos mínimos de conducta honorable; en otro caso registrado en Carolina del Sur, se acusa a un individuo de ocultar una brutal agresión física contra su cónyuge previa a su juramentación.
"La ciudadanía estadounidense es uno de los privilegios más altos de nuestra nación y debe obtenerse de manera honesta y conforme a la ley. Las demandas anunciadas demuestran que estas personas recurrieron al fraude y la ocultación de delitos violentos y agresiones contra menores. Esto representa el esfuerzo coordinado más grande en la historia del Departamento, pero es solo el comienzo", afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche.
Con estos nuevos expedientes, la administración del presidente Donald Trump eleva a 88 el número total de demandas de desnaturalización presentadas desde el inicio de su gestión en enero de 2025. El fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ, Brett Shumate, enfatizó que la institución está actuando con velocidad récord para despojar de la protección legal a quienes engañaron al Gobierno federal, reafirmando el compromiso de salvaguardar la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio.
(Con información de Fox News)
