El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Servicio Fiscal anunciaron la puesta en marcha con éxito de un proceso de verificación de pagos a escala gubernamental, diseñado para impedir la emisión de fondos federales a personas fallecidas. La iniciativa responde de forma directa a las exigencias fijadas en la Orden Ejecutiva 14249, titulada "Protegiendo la cuenta bancaria de Estados Unidos contra el fraude, el despilfarro y el abuso".
Desde la firma de la orden ejecutiva el 25 de marzo de 2025, el Tesoro ha profundizado las herramientas del programa Do Not Pay ("No pagar"), ampliando los filtros informáticos de detección previa. Hasta la fecha, las auditorías automatizadas han recolectado un universo superior a los 885 millones de pagos, los cuales representan un flujo de recursos cercano a los 2,77 billones de dólares. Este rastreo preventivo permitió interceptar más de 4.900 transferencias por un valor global de 99 millones de dólares asociadas a beneficiarios difuntos, logrando reorientar los fondos a las agencias de origen antes de su desembolso.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que esta medida cumple una directriz prioritaria del mandato del presidente Donald Trump para frenar las irregularidades contables antes de que los recursos salgan de las cuentas públicas. En articulación con el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, liderado por el vicepresidente JD Vance, las autoridades proyectan una modernización integral del sistema de pagos federales para garantizar que cada dólar asignado por el Congreso llegue de forma transparente a los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales.
"El Departamento del Tesoro ha cumplido una promesa clave para detener los pagos indebidos y el fraude antes de que el dinero salga de nuestras cuentas. Junto con el grupo de trabajo del vicepresidente Vance, abordamos una vulnerabilidad de larga fecha y garantizamos que cada dólar llegue a su destinatario legítimo", afirmó Bessent.
El pilar técnico de esta nueva capacidad de fiscalización se fundamenta en el acceso ampliado al Archivo Maestro Completo de Defunciones de la Administración del Seguro Social. Si bien la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 habilitó un programa piloto temporal de tres años (cuyo beneficio neto estimado ascendió a 330 millones de dólares entre 2024 y 2026), las reformas recientes terminaron por institucionalizar la medida. En febrero de 2026, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley para Poner Fin a los Pagos Indebidos a Personas Fallecidas, otorgando acceso permanente al Tesoro sobre dicha base de datos.
(Con información de el Departamento del Tesoro de Estados Unidos)
