En un movimiento para salvaguardar el Estado de Derecho, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó este lunes una normativa que prohíbe a los tribunales de Florida reconocer o aplicar leyes extranjeras o religiosas, con especial énfasis en la ley sharía. La ley HB 1471 establece que cualquier código externo que entre en conflicto con los derechos constitucionales de los ciudadanos será nulo de pleno derecho. Con este blindaje jurídico, DeSantis asegura que ninguna sentencia o contrato procedente del exterior pueda socavar las libertades individuales de los floridanos.
La nueva legislación no solo protege la integridad de los tribunales, sino que también introduce herramientas de seguridad nacional para combatir la infiltración del radicalismo. La ley faculta al responsable de Seguridad Nacional del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) para designar oficialmente a organizaciones como terroristas dentro del ámbito estatal. Esto permite a las autoridades locales actuar de forma inmediata contra entidades que amenacen la paz pública, sin depender exclusivamente de los tiempos de la burocracia federal.
“Florida se rige por un único sistema jurídico basado en nuestra Constitución. No permitiremos que normativas religiosas o extranjeras incompatibles con nuestras libertades se filtren en nuestro ordenamiento. Aquí prevalece la ley americana”, sentenció el gobernador republicano durante el acto de firma.
Una vez que una organización es incluida en la lista estatal de terrorismo, queda estrictamente prohibido que reciba cualquier tipo de subvención, contrato o apoyo público. Además, la ley establece sanciones penales severas para cualquier individuo o entidad que colabore o preste auxilio logístico a estos grupos radicales. Con esta medida, Florida se posiciona como el estado con el marco legal más robusto para erradicar la infraestructura de apoyo al extremismo islámico.
El sector educativo, frecuentemente acechado por el activismo radical, también ha sido blindado por DeSantis. La nueva norma prohíbe taxativamente el uso de fondos de los contribuyentes para respaldar actividades vinculadas a organizaciones terroristas en escuelas y universidades. Los centros educativos que permitan o difundan propaganda de estos grupos se enfrentarán a la pérdida inmediata de su financiación estatal. Asimismo, se faculta a las instituciones para expulsar a estudiantes que promuevan la violencia terrorista en los campus.
“Es inaceptable que el dinero de nuestras familias termine en manos de quienes promueven el odio y la violencia contra nuestra nación. En Florida, protegemos nuestras instituciones de la influencia de ideologías que desprecian nuestra cultura y nuestras leyes”, subrayó DeSantis ante la prensa.
Esta ofensiva legislativa se suma a la estrategia de "tolerancia cero" impulsada por la administración republicana. Recientemente, el gobernador ya había ordenado a las agencias estatales rescindir contratos con entidades vinculadas a países adversarios y reforzar la vigilancia sobre las fronteras y los flujos financieros sospechosos. La HB 1471 consolida estas acciones, otorgando a las fuerzas de seguridad capacidades ampliadas para identificar y neutralizar amenazas antes de que puedan arraigar en la comunidad.
