El Gobierno de la República Argentina formalizó la presentación de una denuncia penal contra las agrupaciones violentas que atacaron a las Fuerzas Federales de Seguridad frente al Congreso de la Nación. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, remarcó que la administración que encabeza el presidente Javier Milei mantendrá una política de tolerancia cero frente a los actos delictivos que pretendan extorsionar a las instituciones democráticas.
Los episodios violentos se desataron cuando columnas de organizaciones piqueteras, militantes de izquierda y sectores sindicales opositores intentaron romper los vallados de contención e impidieron el normal desarrollo de las actividades del Poder Legislativo. Ante el uso de piedras y la agresión directa contra los efectivos, las fuerzas de seguridad aplicaron los protocolos de disuasión pública con cañones de agua, gases y balas de goma, logrando la detención de al menos 12 activistas e imputando a los promotores de la violencia.
Desde la cartera de Seguridad enfatizaron que las investigaciones avanzarán contra los ejecutores de los destrozos y contra los dirigentes que organizaron y financiaron el accionar delictivo en las calles. La gestión nacional ratificó que en la Argentina rige el Estado de derecho, garantizando que el ejercicio de la manifestación debe realizarse pacíficamente y sin perjudicar los derechos de los ciudadanos de bien.
"La violencia no es protesta. Es delito. Quienes atacaron a las Fuerzas Federales, destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso deberán responder ante la Justicia. En la Argentina el que las hace, las paga", afirmó en sus redes sociales la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
El accionar de los grupos piqueteros buscó interrumper el tratamiento parlamentario del proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo tiene como meta agilizar los desalojos inmediatos frente a la ocupación ilegal de inmuebles, limitar los abusos de expropiación estatal y desregular el uso productivo de las tierras para dar certidumbre a los propietarios en todo el país.
Con el objetivo de afianzar la aprobación de la norma y derrotar las maniobras de obstrucción opositora, el bloque oficialista decidió postergar la discusión específica sobre el régimen de campos para enriquecerlo técnicamente, manteniendo el resto de las garantías de propiedad. Con el respaldo de la ciudadanía y la convicción de hacer respetar las normas, el Gobierno argentino reafirma que la defensa de la propiedad privada y el imperio de la ley son pilares innegociables para el desarrollo y la paz social.
(Con información de Alejandra Monteoliva vía X y Antena 3)
