El gobierno de Bolivia formalizó una convocatoria a diálogo dirigida a los sectores movilizados tras cumplirse casi 20 días de bloqueos de carreteras que afectan la dinámica política, económica y social del país. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la citación a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para iniciar conversaciones inmediatas. Asimismo, el Ejecutivo fijó para el próximo miércoles 27 de mayo la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social en la Casa Grande del Pueblo para buscar consensos institucionales.
Las demandas de los sectores movilizados, integrados por campesinos aimaras, sindicatos y simpatizantes izquierdistas de Evo Morales, incluyen peticiones de carácter económico y la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Por su parte, el Comité pro Santa Cruz, bajo la dirección de Stello Cochamanidis, manifestó escepticismo ante las negociaciones y mantuvo un ultimátum exigiendo el despeje de la localidad de San Julián. Los dirigentes cívicos regionales solicitaron la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas ante denuncias de agresiones contra la prensa y el uso de armamento en los puntos de conflicto.
Las protestas y cortes de rutas se extienden por los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, causando pérdidas financieras y desabastecimiento de insumos básicos. Para intentar mitigar el impacto en el suministro de alimentos y medicamentos hacia La Paz y El Alto, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo combinado de despeje vial. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó una caravana de 150 vehículos de carga y maquinaria pesada destinada a remover los obstáculos colocados sobre la principal arteria de la zona andina.
Las operaciones de desbloqueo derivaron en enfrentamientos debido a que los manifestantes respondieron con el uso de dinamita y el lanzamiento de piedras contra el convoy gubernamental. Durante los disturbios en la región de El Alto, se registró la quema de un autobús de transporte público, el saqueo de oficinas estatales y la retención temporal de un efectivo policial civil que debió ser rescatado por agentes de inteligencia. Las autoridades viales constataron que las estructuras de obstrucción en las carreteras eran reinstaladas inmediatamente después del paso de las fuerzas del orden.
En el escenario legislativo, la convocatoria del Ejecutivo genera posturas encontradas entre las distintas bancadas parlamentarias de la Asamblea. La diputada Ximena Arispe expresó que las mesas de negociación son la vía para encauzar los reclamos sectoriales y evaluar posibles modificaciones en la composición del gabinete de ministros. En contraposición, la legisladora Eliana Condori defendió la continuidad de las medidas de presión en las rutas, mientras que la parlamentaria Claudia Bilbao demandó la aplicación de medidas policiales rigurosas contra los hechos delictivos.
(Con información de Infobae y El Deber)
