La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado la reactivación de los incentivos económicos para quienes denuncien a inmigrantes en situación irregular. Bajo el amparo del artículo 66 de la Ley de Control de Inmigración (una norma de la posguerra que ha permanecido latente durante décadas), el Gobierno japonés ofrecerá una recompensa de 50.000 yenes (aproximadamente 300 euros) por cada información ciudadana que culmine en una orden formal de deportación. Con esta medida, Takaichi cumple una de sus promesas estrella de campaña: mano dura contra la ilegalidad para garantizar la seguridad de las familias japonesas.
🇯🇵‼️ | Según reportes de El Español, la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, habría activado un plan contundente para limpiar el país de la inmigración irregular. A través de la reactivación de leyes históricas de control migratorio, el gobierno japonés otorgaría una… pic.twitter.com/KhLjMzbWYt
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 1, 2026
La iniciativa no es solo una declaración de intenciones, sino una herramienta de "vigilancia vecinal" que busca disuadir a quienes intentan burlar las leyes de residencia del país del sol naciente. Según el nuevo protocolo, cualquier ciudadano podrá informar sobre personas con visados o permisos de trabajo caducados. Sin embargo, el Gobierno ha impuesto filtros rigurosos para evitar el caos: no se admitirán denuncias anónimas, los funcionarios públicos no podrán cobrar el incentivo y las acusaciones falsas o malintencionadas acarrearán graves consecuencias penales para el denunciante.
“Estamos poniendo orden en casa. Quienes deseen estar en Japón deben hacerlo respetando nuestras leyes y contribuyendo legalmente. No permitiremos que la irregularidad socave nuestra convivencia”, ha defendido el entorno de la Primera Ministra.
Este endurecimiento se produce en un contexto donde la población extranjera en Japón alcanzó el récord de 3,8 millones de residentes en 2025. Aunque el país necesita mano de obra debido al envejecimiento poblacional, la administración Takaichi ha dejado claro que prefiere una inmigración selectiva, técnica y estrictamente regulada. La estrategia es flexibilizar visados para estudiantes y profesionales altamente cualificados, pero aplicar "tolerancia cero" a quienes permanecen en las sombras del sistema.
La medida ya ha empezado a aplicarse con especial énfasis en regiones como la prefectura de Ibaraki, donde las autoridades locales han sido pioneras en implementar programas de recompensas para detectar trabajadores indocumentados en el sector agrícola. Para el Gobierno, esta colaboración ciudadana es clave para aliviar la carga de los servicios de inmigración y asegurar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
“La ley es clara desde 1951, solo estamos asegurándonos de que se cumpla. Los 50.000 yenes son un reconocimiento al ciudadano que vela por la integridad de nuestra nación”, señalan fuentes de la Agencia de Servicios de Inmigración.
La Primera Ministra sostiene que la prosperidad de Japón depende de mantener un control férreo sobre sus fronteras y evitar los problemas de seguridad que han afectado a otras potencias occidentales por falta de rigor migratorio.
