El compromiso del presidente Javier Milei con la justicia y el orden ha quedado más que ratificado tras la disposición de una recompensa millonaria para capturar a Galvarino Sergio Apablaza Guerra. El exguerrillero chileno, que residía impunemente en la localidad bonaerense de Moreno, es requerido por la justicia trasandina como autor intelectual del crimen del senador conservador Jaime Guzmán en 1991 y por el secuestro de Cristián Edwards. Tras años de protección política en Argentina, la justicia finalmente ordenó su detención con fines de extradición, pero el delincuente logró escapar de su domicilio antes de que las fuerzas de seguridad pudieran interceptarlo.
La fuga de Apablaza ha generado una respuesta inmediata y coordinada entre Buenos Aires y Santiago. El gobierno de José Antonio Kast, a través de su ministro del Interior, Claudio Alvarado, solicitó formalmente a la administración argentina redoblar los esfuerzos para localizar al prófugo. Para el Ejecutivo nacional, este caso no es solo una cuestión de cooperación bilateral, sino un paso necesario para limpiar el país de elementos vinculados al terrorismo internacional que utilizaron el estatus de refugiado como un escudo para evadir sus deudas con la ley.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos. Nos mantenemos en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso y asegurar que el responsable rinda cuentas”, indicó el ministro chileno Claudio Alvarado tras conocerse la desaparición del exguerrillero.
Desde el Ministerio de Seguridad han habilitado la línea gratuita 134 para que cualquier ciudadano que posea datos útiles sobre el paradero de Apablaza pueda colaborar de manera anónima con el Programa Nacional de Recompensas. La sospecha de que el exlíder del FPMR pueda estar recibiendo apoyo de sectores residuales de la extrema izquierda local ha puesto en alerta a las fuerzas federales. La prioridad absoluta es cerrar el cerco sobre quien fuera uno de los máximos exponentes de la violencia política en el Cono Sur, garantizando que el proceso de extradición se cumpla sin más dilaciones.
Este movimiento se enmarca en la nueva doctrina de seguridad regional, donde mandatarios como Milei y Kast buscan desmantelar las redes de impunidad que durante décadas protegieron a exguerrilleros en la región. La estrecha relación entre ambos líderes conservadores ha facilitado que este expediente, paralizado durante los gobiernos de signo contrario, avance con una celeridad sin precedentes.
La cacería contra Galvarino Apablaza es hoy una prioridad nacional. Mientras la policía y los servicios de inteligencia rastrean sus posibles conexiones en el conurbano y zonas fronterizas, el Gobierno argentino mantiene el mensaje de que se acabó el tiempo de los santuarios para terroristas.
