La gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central ha pasado de la ineficacia a la asfixia económica deliberada. Según datos confirmados por el comisario europeo de Asuntos Internos, Magnus Brunner, España recibió un desembolso de 560 millones de euros destinados específicamente a la atención de inmigrantes en rutas marítimas. Sin embargo, la realidad de las transferencias cuenta una historia muy distinta: de ese montante, solo 130 millones han llegado a las arcas de Canarias y apenas 8 millones se han repartido entre Ceuta y Melilla. El resto, unos 422 millones de euros, permanece bloqueado por la Administración del Estado sin ninguna explicación coherente.
Para el archipiélago canario, la situación es crítica. El gobierno de Fernando Clavijo gasta anualmente más de 192 millones de euros solo en la atención a menores extranjeros no acompañados (MENAs), una cifra que supera en 39 millones el presupuesto total de su Dirección General de Infancia. Esta diferencia ha tenido que ser cubierta mediante aportaciones extraordinarias de las cuentas autonómicas, detrayendo recursos que deberían ir destinados a los ciudadanos canarios. La deuda que el Estado mantiene con las islas asciende ya a 252 millones de euros, una suma que podría haberse liquidado íntegramente si Sánchez hubiera transferido los fondos que Europa ya envió.
“No sabemos cuándo llegarán el resto de los fondos, si es que llegan. El Gobierno de España no está gestionando adecuadamente esta crisis y tiene retenida una cantidad millonaria mientras nosotros hacemos frente a los gastos extraordinarios de acogida y manutención”, lamentan desde el Ejecutivo canario ante la falta de respuestas de Madrid.
La opacidad del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia del Gobierno contrasta con la disposición mostrada por Bruselas. Fuentes de la Comisión Europea han subrayado que han brindado a España toda la ayuda solicitada y que están "preparados" para enviar más recursos, pero siempre bajo la premisa de que el Gobierno de Sánchez lo pida formalmente. La soberanía nacional impide que la UE intervenga directamente en el reparto interno, lo que deja a las comunidades autónomas a merced de la voluntad política de una Moncloa que parece priorizar el equilibrio de sus cuentas sobre la emergencia humanitaria y logística en las fronteras.
Esta retención de fondos no solo afecta a Canarias, sino que socava el principio de solidaridad entre regiones. El pasado agosto se aprobó un reparto extraordinario de inmigrantes hacia el resto de la península, una "solidaridad forzosa" impuesta por el Ejecutivo central que se está ejecutando con una lentitud exasperante debido a las trabas burocráticas. Las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, denuncian que se les exige acoger a más personas para descongestionar las islas, pero se les niega sistemáticamente la ayuda económica necesaria para garantizar una escolarización, sanidad y seguridad adecuadas.
“Se nos exige acoger inmigrantes para aliviar la presión en Canarias, algo a lo que no nos oponemos, pero el Gobierno lo hace sin transferir la ayuda económica que Europa ya ha pagado. Es una gestión desleal que bloquea cualquier acuerdo definitivo”, denuncian diversas administraciones regionales.
En este 2026, la crisis migratoria sigue activa en las rutas del norte de África, y la acumulación de menores bajo tutela autonómica amenaza con colapsar los servicios sociales de todo el país. La desidia de Pedro Sánchez, que prometió 100 millones en 2024 y no los hizo efectivos hasta finales de 2025, demuestra que la inmigración ilegal es utilizada más como un arma de presión política que como una prioridad de Estado.
