Tras años de utilizar la tragedia de Venezuela como moneda de cambio retórica y de mantener una inquietante cercanía con los jerarcas del régimen de Maduro, el Ejecutivo de coalición ha anunciado que el próximo 30 de junio eliminará el mecanismo de regularización casi automática por razones humanitarias. Esta vía, que ha permitido la integración legal de 240.000 personas desde 2018, será sustituida por un proceso ordinario plagado de trabas, dejando en la incertidumbre a miles de familias que buscaron refugio en España frente a la opresión socialista.
🇪🇸🇻🇪‼️ | En un movimiento que muchos califican como una traición a la diáspora que huyó del chavismo, el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará, a partir del 30 de junio, el permiso de residencia para los venezolanos. Tras años siendo cómplices de la… pic.twitter.com/SKYIeEVHU9
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 1, 2026
La decisión de la Moncloa no responde a una mejora real de las libertades en el país caribeño, sino a un cálculo político y electoral frío. Los datos oficiales de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan una realidad que incomoda profundamente a la izquierda: los venezolanos son el colectivo inmigrante más productivo de España. Con una tasa de cotización del 68,0%, superan con creces la media nacional (42,7%) y dejan en evidencia a otros grupos protegidos por el Gobierno, como los marroquíes (35,7%) o argelinos (27,1%), cuya dependencia de las ayudas públicas es significativamente mayor.
El factor determinante, sin embargo, parece residir en las urnas. El perfil del venezolano nacionalizado representa la mayor amenaza electoral para el bloque de la investidura. Según los últimos estudios de intención de voto, los venezolanos son el colectivo que menos apoya al PSOE (22%) y a la extrema izquierda de Sumar-Podemos (5%), mientras que se vuelcan masivamente con el Partido Popular (41%) y VOX (19%). Para Sánchez, regularizar venezolanos supone, en la práctica, importar votantes de la derecha, un lujo que su debilitado gobierno no se puede permitir.
Esta política de "puertas cerradas" para quienes huyen del comunismo contrasta con el trato de favor que reciben los inmigrantes procedentes del Magreb. El 48% de los nacionalizados de origen marroquí vota al PSOE, convirtiéndose en un saco de votos cautivo para la izquierda. Mientras el Gobierno facilita la regularización de estos colectivos (a pesar de sus bajos índices de inserción laboral), impone el rigor de la Ley de Extranjería a los venezolanos, quienes sostienen con su esfuerzo el sistema de pensiones sin apenas pedir nada a cambio al Estado.
“Esto es una cuestión no de fondo, sino de formas. Seguiremos con las vías propias del Reglamento de la Ley de Extranjería”, afirmó con frialdad la ministra Elma Saiz.
El Ejecutivo justifica este endurecimiento alegando una supuesta "transición" en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la llegada de Delcy Rodríguez al mando. No obstante, para los analistas, se trata de una excusa para "limpiar" el sistema de asilo de un perfil de inmigrante que no encaja en la agenda de dependencia estatal de la izquierda. Al cerrar la vía exprés, Sánchez no solo castiga a quienes conocen bien el fracaso del socialismo, sino que lanza un mensaje claro: en la España de la coalición, la protección depende de a quién se tenga intención de votar.
Con esta maniobra, Pedro Sánchez culmina su viraje hacia una gestión migratoria puramente sectaria. Mientras la frontera sur sigue siendo un coladero para colectivos que engrosan las listas de subsidios y el voto socialista, la diáspora venezolana es empujada a la irregularidad administrativa.
