El Gobierno socialista anunció este martes la asignación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la ciudad autónoma de Ceuta. La medida, confirmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se tramitará mediante una transferencia de crédito del Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia. Este monto se suma a los 5,5 millones de euros asignados previamente en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La portavocía del Ejecutivo insistió en que no disponía de informes que anticiparan la magnitud del ingreso masivo ocurrido en la ciudad autónoma, atribuyendo el hecho a repuntes estacionales de verano. No obstante, estas declaraciones se ven cuestionadas tras conocerse las advertencias previas emitidas por canales diplomáticos sobre el incremento del flujo irregular. Para hacer frente a la saturación de los centros de acogida, la administración central dispuso la habilitación de dos centros educativos en Ceuta como alojamientos de emergencia para menores no acompañados, mientras la ministra Sira Rego prepara una visita a la zona.
Desde el Partido Popular, las respuestas ante el anuncio de reparto de menores y la petición de solidaridad a las comunidades autónomas han sido contundentes. El secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló directamente a la gestión del Gabinete de Pedro Sánchez como el único responsable de la situación, rechazando que se trate de un evento migratorio ordinario y enmarcándolo como un problema que afecta directamente a la seguridad nacional de España.
"Esto no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional. El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado, vuelvan a salir. Los ceutíes viven con miedo porque hay todavía miles de inmigrantes ilegales que entraron en esa avalancha deambulando por la ciudad", afirmó Tellado.
El Gabinete socialista mantiene en su agenda la modificación de la Ley de Extranjería con el objetivo de imponer un mecanismo obligatorio de reubicación de menores hacia las distintas comunidades autónomas. Esta iniciativa busca distribuir la carga asistencial provocada por el constante flujo irregular hacia regiones con alta presión fronteriza.
La persistencia del efecto llamada y la permisividad en las políticas de control siguen en el centro de la controversia política nacional. Mientras las autoridades europeas evalúan los acontecimientos en el enclave norteafricano, la ciudadanía exige soluciones de fondo que garanticen el orden público, la integridad territorial y el cese de las entradas irregulares sin control en el territorio nacional.
(Con información de EFE y el Diario Público)
