El gobierno interino de Delcy Rodríguez, junto a la patronal Fedecámaras y las centrales sindicales, prepara una "ley de consensos laborales" para modificar la relación entre patrones y empleados. Esta iniciativa busca superar las trabas de la Ley del Trabajo promulgada por Hugo Chávez en 2012, cuyo texto la cúpula gobernante evita reformar formalmente por motivos políticos e ideológicos.
Fuentes empresariales explicaron que la norma permitirá aumentar el ingreso del trabajador sin generar los cálculos de prestaciones insostenibles instaurados por el chavismo. Bajo el sistema vigente desde 2012, la retroactividad de las liquidaciones sobre el último sueldo, sumada a una inflación superior al 500 %, provocó la congelación del salario mínimo en 130 bolívares (menos de 20 centavos de dólar).
En la mesa donde participa el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, se busca frenar la "bonificación" del salario, esquema que derivó en la asignación del "ingreso mínimo integral" por 240 dólares mensuales. Sindicatos y gremios señalan que estos bonos especiales se otorgan de forma caótica y discrecional, lo que ha terminado destruyendo los contratos colectivos y la seguridad social en el país.
Por su parte, voceros sindicales valoraron el diálogo fluido con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el gabinete económico y los asesores técnicos. Los representantes de los trabajadores explicaron que el objetivo a corto plazo es acordar un régimen transitorio de recuperación progresiva del ingreso, con el fin de retomar las convenciones colectivas una vez alcanzada la estabilización económica.
El impulso a este nuevo instrumento legal responde a la urgencia de otorgar previsibilidad a los empleadores ante la dificultad de calcular los pasivos laborales en el entorno actual. Con esta medida, la mesa tripartita busca dar oxígeno al sector privado y regularizar las condiciones de contratación en el mercado de trabajo nacional.
Las conversaciones entre el ejecutivo interino, la representación empresarial y las cinco centrales sindicales del país continúan para definir los detalles finales del texto marco. De aprobarse, la ley desplazará en la práctica las regulaciones dictadas en 2012 y establecerá un nuevo mecanismo para la fijación de los sueldos en Venezuela.
(Con información de Infobae)
