El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las apelaciones presentadas por el candidato izquierdista Roberto Sánchez. El máximo órgano electoral sepulta las pretensiones del partido Juntos por el Perú de anular los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima y 647 ubicadas en los Estados Unidos, dejando el camino prácticamente despejado para la proclamación oficial de la nueva jefatura del Estado.
La resolución del pleno del JNE se adoptó tras examinar los recursos remitidos por el Jurado Electoral Especial (JEE), los cuales habían superado las observaciones formales iniciales. Durante la audiencia pública, los magistrados determinaron de forma unánime que los reclamos sobre presuntas irregularidades carecían de sustento legal suficiente para proceder con una nulidad masiva de actas. Con la validez de las mesas ratificada oficialmente, el prolongado proceso de fiscalización de la segunda vuelta entra en su fase de cierre definitivo.
Con el 99,6% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aventaja a su rival por más de 40.000 votos. Esta diferencia, aunque milimétrica en el universo general de votantes, resulta matemáticamente insuperable a estas alturas del conteo, proyectando a la líder derechista hacia el Palacio de Gobierno.
A pesar de la contundencia de las cifras y el respaldo institucional del JNE, la hija del exmandatario Alberto Fujimori ha optado por mantener una postura de cautela extrema. Hasta el momento, la aspirante conservadora ha evitado autoproclamarse ganadora o emitir discursos de victoria formales. Para Fujimori, este proceso representa su cuarto intento consecutivo por alcanzar la presidencia de la República, tras haber perdido los balotajes previos de 2011, 2016 y 2021 por márgenes igualmente estrechos.
En la acera opuesta, el panorama es de resistencia y abierta confrontación hacia el sistema electoral. Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Sánchez encabezó una masiva movilización pacífica por las calles del centro de Lima bajo la consigna de "defender el voto popular". La manifestación obligó al despliegue de un contingente de aproximadamente 7.000 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público e impedir disturbios en las inmediaciones de las sedes estatales.
(Con información de Europa Press y Revista Semana)
