El Parlamento de Cantabria ha alzado la voz contra la progresiva invasión de símbolos que atentan contra la dignidad de la mujer y la identidad española. En un debate encendido, el Partido Popular y Vox han logrado imponer la cordura frente a una izquierda que, una vez más, ha preferido mirar hacia otro lado. Con esta resolución, se exige al Ejecutivo central una prohibición clara y rotunda sobre que ninguna mujer puede ser obligada a ocultar su rostro bajo el pretexto de una supuesta libertad cultural que, en realidad, es una herramienta de control y sumisión impuesta por el radicalismo islámico.
Para los grupos proponentes, no se está ante una cuestión de pluralidad religiosa, sino ante un problema de seguridad pública y defensa de la soberanía cultural. La imposición del velo integral es una vergüenza directa a los principios que sustentan la sociedad oocidental. Mientras el PP busca garantizar la identificación necesaria en servicios públicos para el orden social, Vox ha sido contundente al calificar estas prácticas como incompatibles con las costumbres españolas, reclamando incluso el endurecimiento de penas y la suspensión de trámites de nacionalidad para quienes fuercen a niñas y mujeres a vivir invisibilizadas.
"Una mujer en España no puede ser invisible ni estar obligada a ocultar su rostro; quien llega a nuestro país debe saber que aquí hombres y mujeres son iguales", sentenció con contundencia Leticia Díaz, portavoz de Vox, recordándonos que la integración exige asimilar los valores españoles, no que España acepte la humillación de la mujer en sus calles.
La reacción de la izquierda ha sido la previsible: recurrir al insulto y al tacticismo político. Socialistas y regionalistas han intentado desviar la atención calificando la iniciativa de "racista" o minimizando su importancia al asegurar que "no hay un problema real" en la región. Es la estrategia de siempre: negar la realidad, acusar de xenofobia a quien defiende los derechos fundamentales y pretender que la degradación de la mujer es un aspecto cultural que se debe tolerar.
Esta resolución es un golpe sobre la mesa contra la hipocresía de quienes, bajo la máscara del "progresismo", permiten la implantación de prácticas que anulan la libertad individual de la mujer. La prohibición del burka y el niqab no es una cuestión de "derechos" de quienes imponen estas prendas, sino de derechos de quienes son víctimas de ellas. España tiene el deber de proteger sus espacios públicos y su cultura frente a ideologías que buscan romper la cohesión social y convertir el territorio nacional en un lugar donde la igualdad ante la ley sea una ilusión.
