Con 93 votos, el Parlamento suspendió al fiscal Johel Zelaya para iniciar un juicio político por irregularidades electorales. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó la medida tras una sesión saboteada violentamente por la bancada oficialista de Libre. Es la primera vez que se logra apartar a un alto funcionario mediante este mecanismo constitucional.
El bloque radical de Libre intentó boicotear el proceso con agresiones físicas y pólvora dentro del recinto para frenar la fiscalización. Pese a la resistencia, una comisión de nueve diputados investigará el expediente de doce páginas contra el fiscal alineado con el oficialismo. El fiscal adjunto Marcio Cabañas asumirá la titularidad provisional del Ministerio Público.
Zelaya alegó serenidad en redes sociales, aunque deberá presentar pruebas de descargo ante los graves señalamientos en su contra. El fiscal suspendido afirmó que comparecerá ante el pleno, enfrentándose a un escrutinio que busca depurar las instituciones de influencias partidistas de izquierda. La comisión recomendará la destitución definitiva si se confirman las faltas descritas.
Esta acción abre la puerta a juicios contra otros elementos que han comprometido la transparencia electoral bajo el actual gobierno. Entre los señalados figura el consejero Marlon Ochoa, cuya actuación en el CNE está bajo la lupa de las bancadas que exigen legalidad. El Parlamento busca neutralizar la instrumentalización de las instituciones por parte de sectores radicales.
La resolución de este juicio será determinante para el equilibrio de poderes frente a intentos de manipulación ideológica en los comicios. El Parlamento ha garantizado el derecho a la defensa de Zelaya, manteniendo la firmeza en la aplicación del juicio político. El informe final definirá si el fiscal es removido de forma permanente para restaurar la justicia.
