El Partido de los terroristas de la FARC desaparece del mapa político en Colombia

El Partido Comunes, la plataforma que permitió a los exmiembros de las FARC transitar de la selva a la política institucional bajo el amparo de los cuestionados acuerdos de 2016, ha sido formalmente borrado del mapa electoral. Al no superar el umbral mínimo de votación exigido por la ley —esos tres puntos porcentuales que separan a un proyecto político serio de la irrelevancia—, el movimiento pierde su reconocimiento legal y, con ello, la posibilidad de mantener curules garantizadas y el flujo constante de recursos públicos. Este resultado no es un accidente, sino el veredicto definitivo de una ciudadanía que ha terminado por darle la espalda a un proyecto marcado por su origen criminal.

La figura más visible de esta debacle es Sandra Ramírez, alias 'Griselda Lobo', quien buscaba desesperadamente perpetuarse en el Congreso en una alianza de supervivencia. Con un resultado electoral patético, apenas por encima del medio punto porcentual, la candidata y su colectividad han quedado relegados al olvido. La pretensión de los antiguos cabecillas guerrilleros de seguir condicionando el destino de la nación desde las curules del poder ha chocado contra la realidad: sin el "salvavidas" de las curules otorgadas a dedo, la ideología de las FARC no convence a nadie. Es la prueba fehaciente de que su fuerza política nunca fue real, sino un producto artificial de un acuerdo que el pueblo ha terminado por desautorizar.

Es imperativo recordar que este partido fue beneficiario durante años de escaños regalados, un privilegio excepcional que siempre fue denunciado por los sectores que defienden la dignidad de las víctimas y el orden constitucional. Aquel beneficio, concebido como una supuesta "medida de paz", resultó ser un insulto a la justicia y un lastre para la legitimidad de la democracia. Al tener que competir finalmente en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas, el Partido Comunes ha demostrado que, sin las dádivas del Estado, su proyecto carece de cualquier respaldo ciudadano genuino.

La desaparición de este sello político representa un triunfo necesario para aquellos que creen que la impunidad tiene un límite. Durante años, sus integrantes ocuparon el Congreso escudándose en una retórica de paz que, para muchos, no fue más que un mecanismo para blanquear un pasado de secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores y masacres. Hoy, al perder su personería jurídica, el sistema cierra —aunque sea tarde— un capítulo de concesiones que jamás debieron otorgarse. La democracia, en su esencia, no puede ser un refugio protegido para quienes intentaron destruirla por la vía del terror.

Mientras la Registraduría confirma el fracaso de la lista, queda claro que la voluntad popular ha sido implacable. El intento de los excomandantes de consolidar un movimiento de masas ha terminado en el ridículo electoral. Los ciudadanos, agotados de la condescendencia con el terrorismo y del financiamiento público a quienes no han demostrado un arrepentimiento sincero, han votado por barrer esta narrativa de la esfera pública. Han dejado claro que no desean que los perpetradores de violencia sean quienes dicten las leyes en el recinto sagrado de la soberanía.