El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral que regirá las políticas del Estado hasta 2029. La medida, aprobada por el Consejo de Seguridad Pública en una sesión reservada, traslada la conducción estratégica a los ministerios de Defensa e Interior. El plan se implementará bajo la premisa del conflicto armado interno oficialmente reconocido por el Ejecutivo para enfrentar la violencia.
El riguroso diagnóstico del documento detalla el grave deterioro del orden público sufrido en la nación andina durante la última década. La tasa de homicidios intencionales escaló de manera alarmante desde 2020, alcanzando un pico crítico en el año 2023 con más de 46 muertes por cada 100.000 habitantes. El gobierno proyecta que la tendencia decreciente lograda recientemente se consolide mediante una ofensiva estatal sin precedentes.
El crimen organizado transnacional y las extorsiones sistemáticas provocaron la quiebra de miles de microempresas comerciales entre los años 2022 y 2023. La violencia de las bandas delictivas obligó al sector corporativo a destinar más de 1.500 millones de dólares anuales a contratos de vigilancia privada. Esta grave distorsión económica afectó la generación de empleo formal y disparó los niveles de informalidad laboral en todo el país.
El plan define siete Objetivos Nacionales de Seguridad destinados a neutralizar a los Grupos Armados Organizados que operan en las provincias más conflictivas. Entre las estrategias jurídicas más contundentes destaca la propuesta de crear tribunales militares de justicia especializados dentro de la función judicial del Estado. La reforma busca otorgar el fuero correspondiente a los uniformados que combaten el terrorismo en las calles.
En el frente carcelario, el programa gubernamental prioriza reconstruir el sistema penitenciario nacional para eliminar el hacinamiento que ronda el 29%. Las muertes violentas dentro de los centros de reclusión registraron fluctuaciones preocupantes, obligando a rediseñar los protocolos de resguardo. El objetivo es que el cuerpo penitenciario asuma el control absoluto de las prisiones para el año 2027.
La presión migratoria también forma parte de las variables analizadas, registrando más de 400.000 extranjeros bajo protección especial en el territorio de Ecuador. A pesar de estas complejidades sociales, los análisis económicos citados en el decreto prevén un crecimiento de la actividad productiva de forma paulatina. Las autoridades consideran indispensables estas señales de estabilidad comercial para sostener las operaciones de pacificación.
Aunque el extenso documento de 201 páginas no fija una partida presupuestaria global específica para su financiamiento, distribuye las responsabilidades de forma clara. Una de las fuentes de recursos directas provendrá de un tributo del uno por ciento a las telecomunicaciones rurales para mejorar la conectividad fronteriza. La administración de Daniel Noboa ratifica de esta forma su mano dura para restaurar la paz.
(Con información de Infobae)
