El mandatario libanés, Joseph Aoun, confirmó que viajará a la Casa Blanca antes de que finalice julio para reunirse con el Presidente Donald Trump. El objetivo principal del encuentro bilateral es negociar las condiciones de un acuerdo marco con Israel que regule la situación fronteriza. El anuncio se concretó tras una conversación telefónica de 17 minutos calificada por el jefe de Estado como positiva para destrabar el conflicto regional.
Aoun admitió en una entrevista de prensa que el borrador actual de las negociaciones “no es ideal”, pero aclaró que la aceptación responde directamente al actual equilibrio de fuerzas militares en el sur. El líder enfatizó que el entendimiento busca proteger a la población civil y no significará una renuncia a la soberanía territorial. “Este es un marco, no un acuerdo con Israel”, precisó el gobernante para mitigar las críticas internas.
El plan de seguridad fronteriza se ejecutará de forma gradual mediante un despliegue piloto en Zawtar, en el distrito de Nabatieh. La estrategia contempla que el Ejército libanés asuma el control exclusivo de los puntos estratégicos para facilitar la retirada paulatina de las tropas israelíes. Asimismo, se gestionaron garantías ante Washington para asegurar que la colina de Ali Al-Taher permanezca bajo custodia oficial.
Durante su intervención pública, el mandatario defendió la decisión de enviar una delegación oficial al funeral del fallecido líder supremo del estado terrorista de Irán. Aoun justificó el viaje argumentando la necesidad de mantener activos los canales diplomáticos con Teherán a pesar del complejo escenario geopolítico actual. Esta vinculación genera recelo en Occidente debido al constante financiamiento de la teocracia islámica a las milicias radicales.
Las negociaciones diplomáticas en Washington se desarrollarán bajo la sombra de la grave crisis humanitaria y la inestabilidad causada por el grupo terrorista Hezbollah. Reportes de las Naciones Unidas confirman que más de 700.000 personas continúan desplazadas de forma forzada en todo el país. A pesar de la tregua acordada en abril, las condiciones de seguridad en las localidades del sur siguen siendo completamente insuficientes.
Las hostilidades y los bombardeos registrados en la periferia han dejado un saldo trágico de 4.298 personas muertas y más de 12.000 ciudadanos heridos desde inicios de marzo. Entre las víctimas fatales se contabilizan al menos 135 profesionales de la salud que operaban en las zonas de combate. Los sectores declarados como zonas militares exclusivas por las fuerzas de defensa impiden el acceso de los residentes a sus propiedades.
Evaluaciones de organismos internacionales cifran en 1.380 millones de dólares los daños directos a la infraestructura residencial al sur del río Litani. La destrucción masiva de carreteras, escuelas y redes de agua potable ha provocado la pérdida de medios de vida de la población civil. El Consejo Noruego para los Refugiados advirtió que la reconstrucción requerirá de un multimillonario esfuerzo coordinado por los aliados internacionales.
(Con información de Reuters)
