El presidente de la Nación, Javier Milei, aceleró de forma drástica la ejecución de su agenda de reformas institucionales al enviar un nuevo paquete con 21 pliegos judiciales al Senado de la Nación. Con esta sorpresiva remisión de candidaturas destinadas a cubrir las vacantes del fuero federal, la administración libertaria suma un total de 170 pliegos presentados desde el inicio de la gestión a través del Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques.
La estrategia del Ejecutivo busca aprovechar los apoyos parlamentarios circunstanciales en la Cámara alta para poblar de magistrados idóneos los tribunales nacionales, un movimiento estratégico que se complementó esta misma mañana con la publicación oficial de 47 nombramientos de jueces, fiscales y defensores públicos.
Antes de emprender un viaje internacional de tres días con destino a España, donde participará en una cumbre de líderes del espectro conservador, el jefe de Estado firmó los decretos de designación definitiva para las decenas de postulantes que ya contaban con el visto bueno de la Comisión de Acuerdos. La nómina remitida al Congreso comprende a figuras de relevancia técnica como Juan Pablo Ángel Sala, nominado para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, y Leonardo Marco Toia, propuesto para el sensible Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7.
El Gobierno ratificó su determinación política al ejercer un severo filtro ideológico e institucional, excluyendo de las designaciones finales a la abogada María Verónica Michelli, cuyo pliego para el Juzgado Federal de La Plata ya había sido tratado en el recinto. La decisión de la Casa Rosada de congelar su nombramiento mediante la potestad constitucional del veto tácito encendió inmediatas controversias en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py y el Congreso de la Nación.
La doctrina de depuración del Ministerio de Justicia también alcanzó a otros tres letrados con pliegos aprobados, suspendiendo los nombramientos de los magistrados de Cámara Carlos Fabián Cuesta, María Julia Sosa y Ana María Cristina Juan. Desde el entorno del ministro Mahiques aclararon de forma tajante que no se convalidará ninguna designación en tribunales que consideren condicionados por la anterior gestión.
La firmeza del oficialismo frente a la corporación judicial corporativa ha sido respaldada por las bancadas aliadas, que semanas atrás garantizaron la aprobación en bloque de 74 pliegos, permitiendo al Ejecutivo avanzar con paso firme en la remoción de las terminales del garantismo penal.
Aunque el actual listado de 21 postulantes no incluyó vacantes para los estratégicos tribunales de Comodoro Py, fuentes de la Casa Rosada anticiparon a la prensa que el Consejo de la Magistratura apura definiciones de máxima sensibilidad institucional. El órgano multisectorial aprobó recientemente un dictamen de mayoría para cubrir dos vocalías determinantes en la Sala I de la Cámara Federal, donde se tramitan las causas de corrupción pública más resonantes del país.
La decidida reconfiguración del mapa judicial por parte de La Libertad Avanza coincide con un momento de alta valoración de la opinión pública hacia las políticas de ordenamiento institucional del presidente. Con la remisión masiva de ternas, el oficialismo busca dejar atrás décadas de vacantes estructurales que eran utilizadas políticamente por las administraciones de izquierda para garantizar la impunidad de exfuncionarios procesados.
(Con información de Infobae)
