El presidente chileno José Antonio Kast analizará más de cien solicitudes de indultos a exuniformados
El ministro de Justicia Fernando Rabat confirmó que las peticiones corresponden mayoritariamente a hechos ocurridos tras el golpe de 1973.
El presidente de la República de Chile José Antonio Kast evaluará individualmente más de cien solicitudes de indulto particular. Las peticiones se encuentran actualmente bajo la revisión del ministro de Justicia Fernando Rabat para un análisis técnico. La jefatura del Estado descartó la aprobación generalizada de una amnistía para exmiembros de las Fuerzas Armadas.
Las carpetas administrativas recaban causas penales por hechos ocurridos a partir del año mil novecientos setenta y tres. El secretario de Estado explicó que el análisis exhaustivo de los expedientes requiere convicción jurídica y no tendrá plazos fijos. Las autoridades mantendrán la premisa de evaluar el mérito de cada caso particular de acuerdo a la ley.
El mandatario suramericano sostuvo que la facultad del indulto particular representa una prerrogativa constitucional plenamente vigente. Las declaraciones del jefe de Estado buscaron precisar la postura oficial ante la presión de sectores parlamentarios. La posición gubernamental considerará el estado de salud física y la situación mental de los reclusos en su evaluación.
Entre los casos revisados figura la situación del exbrigadier militar Miguel Krassnoff, condenado por severas violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones internacionales observan con especial atención el desenlace de los requerimientos tramitados ante el poder ejecutivo. Las autoridades del gobierno aclararon que la medida no borrará las sentencias judiciales impuestas por los tribunales.
Diversas bancadas conservadoras evaluaron la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas para beneficiar a los exuniformados procesados. Sin embargo, el presidente Kast rechazó la opción de dictar un beneficio masivo desde el Palacio de La Moneda. La administración chilena mantendrá el estricto apego a los cauces administrativos vigentes en el país.
La postura asumida por el Poder Ejecutivo busca preservar la seguridad jurídica y el orden constitucional de la nación. La revisión minuciosa de las carpetas médicas previene decisiones arbitrarias en materias de alta sensibilidad social. El gobierno de Santiago reafirma su compromiso institucional con la aplicación del Estado de derecho y la separación de poderes.
El trámite riguroso de cada una de las solicitudes garantiza la transparencia de los procedimientos ante la opinión pública. El análisis de las causas bajo estudio busca equilibrar las atribuciones presidenciales con la aplicación estricta de la justicia. La decisión final dependerá de la convicción alcanzada por las autoridades sobre la situación de cada reo.
(Con información de Infobae)
