El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida de emergencia se adoptó tras más de seis semanas de asfixiantes protestas y bloqueos de carreteras promovidos por facciones radicales de indígenas y cocaleros leales al exmandatario izquierdista Evo Morales, quienes han mantenido al país bajo un estado de sitio fáctico, provocando pérdidas económicas multimillonarias y un severo desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades.
El mandatario centroderechista, que asumió el poder en noviembre pasado rompiendo con dos décadas de hegemonía de la izquierda radical, se dirigió al país rodeado por la totalidad de su gabinete de ministros para denunciar la gravedad de la situación. Con absoluta contundencia, Paz desveló que las movilizaciones han dejado de ser reclamos sociales legítimos para transformarse en un ataque directo a las instituciones.
🇧🇴‼️ | Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia para liberar las rutas bloqueadas y poner fin a la situación que mantiene a los bolivianos como rehenes. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”. pic.twitter.com/DCNk2RtAIf
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 20, 2026
La declaración del estado de excepción se produce apenas veinticuatro horas después de que el Ejecutivo lograra un exitoso acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB) tras semanas de intensas mesas de negociación. Sin embargo, en un evidente desacato a los consensos y demostrando que su único fin es la desestabilización política, los grupos radicales de la Federación Túpac Katari y las bases cocaleras del Chapare optaron por mantener intransigentes los cortes de rutas.
Ante el agotamiento de la vía del diálogo por la intransigencia de los huelguistas, el Gobierno se vio obligado a emplear las herramientas legales que le otorga la Constitución para restablecer de inmediato la normalidad y la libre circulación de los ciudadanos.
"Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad", enfatizó el presidente Rodrigo Paz.
La inteligencia estatal acusa formalmente a Evo Morales de dirigir esta insurrección desde su reducto y escondite en la región cocalera del Chapare, en el centro del país. El exmandatario se encuentra prácticamente atrincherado en dicha zona con el objetivo de evadir una orden de captura internacional que pesa en su contra por un gravísimo caso de trata de personas, vinculado al presunto embarazo de una menor de edad durante su periodo en el poder.
Para el Ejecutivo, el caos vial y la violencia callejera desatada en ciudades como La Paz y El Alto no son más que un escudo humano coordinado por Morales para chantajear al sistema judicial y buscar la impunidad de sus delitos comunes utilizando el dinero del tráfico de drogas.
Con el objetivo de acompañar la restitución del orden público con soluciones estructurales de largo plazo, el presidente Paz anunció la puesta en marcha de dos medidas de alto impacto institucional. En primer lugar, se creará una comisión especial para el desarrollo de las provincias del departamento de La Paz, orientada a transformar los acuerdos sectoriales en obras públicas concretas para las comunidades tradicionalmente postergadas por las anteriores administraciones de izquierda.
En segundo término, el mandatario convocó a los gobernadores, alcaldes, universidades y sectores productivos a integrarse al Gran Acuerdo Nacional, tomando como base los lineamientos del Encuentro de Cochabamba para trazar la agenda económica y de empleo de los próximos cuatro años y medio.
(Con información de Los Tiempos y Deutsche Welle)
