El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765 que formaliza el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. El programa crediticio otorgará un financiamiento de 1.900 millones de dólares para corregir desequilibrios fiscales y externos. La medida fue oficializada en la Gaceta Oficial tras el levantamiento definitivo de la subvención estatal al diésel.
La eliminación del subsidio ajustó el precio del combustible desde los 9,80 bolivianos hasta los 17,95 bolivianos por litro. El jefe de Estado justificó la decisión presupuestaria para transparentar los costos de importación y eliminar distorsiones en el mercado interno. El convenio multilateral contempla un plazo de devolución de diez años con una tasa de interés del 3,47%.
El plan gubernamental permitirá acceder a financiamiento complementario de otros organismos multilaterales por 5.000 millones de dólares. La eliminación de subsidios distorsivos protege la estabilidad macroeconómica y promueve el principio de fiscalidad responsable. La reducción del gasto público improductivo resguarda las reservas del Estado y fortalece la confianza de los inversores internacionales.
La certidumbre jurídica y la apertura económica resultan indispensables para dinamizar el aparato productivo y atraer capitales privados. El fin del intervencionismo en los precios de los carburantes combate el mercado negro y garantiza el suministro continuo en el sector privado. La disciplina fiscal contribuye a afianzar el Estado de derecho y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El Ejecutivo anunció medidas de alivio financiero que incluyen créditos preferenciales con un interés anual cercano al 6% para sectores productivos. El Gobierno eliminará además el pago de impuestos para la importación de bienes de capital, maquinaria agrícola, semillas e insumos industriales. Las transferencias directas del programa de protección social beneficiarán a 2,9 millones de personas.
El mandatario boliviano viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones bilaterales. Las autoridades del equipo económico negociarán con entidades internacionales la implementación del plan de reformas estructurales. La agenda oficial buscará concretar la erradicación total de las subvenciones a los combustibles planificada para el año 2027.
(Con información de EFE)