La indignación recorre este domingo 22 de marzo las filas del constitucionalismo y las asociaciones de víctimas del terrorismo. En un movimiento que el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) califican de "miserable", el Gobierno vasco ha decidido otorgar la semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. La que fuera una de las dirigentes más despiadadas de la banda terrorista ETA, responsable intelectual y material de masacres que marcaron la historia negra de España, podrá ahora abandonar la cárcel diariamente. Lo hace tras haber cumplido apenas seis años de condena en territorio español, una cifra ridícula frente a los 717 años de prisión a los que fue sentenciada por su participación en 14 asesinatos.

Este es el peaje más sangriento de la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido directo al señalar que esta excarcelación encubierta es responsabilidad de la Consejería de Justicia del País Vasco, hoy en manos del PSOE.
"Sánchez sigue pagando de forma puntual a su cobrador del frac, Otegi, y lo hace con gusto. Para que Sánchez pueda dormir en la Moncloa, los etarras tienen que dormir fuera de prisión", denunció Tellado en un mensaje que resume la bajeza moral de la actual legislatura.
La diputada Ana Vázquez Blanco ha elevado el tono al calificar a la actual administración como "el Gobierno más miserable de la democracia", sentenciando que Sánchez se mantiene en la "poltrona" gracias a pactos explícitos con asesinos. Por su parte, la presidente de UPN, Cristina Ibarrola, lamentó que el PSOE anteponga su supervivencia política a cualquier principio ético, traicionando a unas víctimas que se sienten desprotegidas por el Estado. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, la cifra de terceros grados concedidos a terroristas asciende ya a 114.
Esta decisión se ampara en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una argucia legal que la consejera socialista María Jesús San José ha validado para permitir que 'Anboto' disfrute de un régimen de libertad de lunes a viernes. Mientras las familias de los 14 asesinados por la etarra siguen esperando una justicia que no llega, el Gobierno central permite que los terroristas decidan los tiempos de su propio proceso penitenciario.