Chile, el país que durante décadas fue el faro de prosperidad en el Cono Sur, hoy despierta de una pesadilla de cuatro años. Lo que comenzó como una promesa de "transformación" bajo el mando de Gabriel Boric terminó convirtiéndose en una receta de manual para el declive: influencia comunista, una economía paralizada y una crisis de seguridad que rompió todos los récords históricos.
Mientras la coalición de gobierno se enfocaba en agendas progresistas ajenas a las prioridades de la calle, las cifras oficiales revelan una realidad cruda que el nuevo gobierno de José Antonio Kast deberá reconstruir desde los escombros.
Una economía en cuidados intensivos
El balance económico es, quizás, el legado más doloroso del periodo. Chile pasó de liderar la región a conformarse con un crecimiento anémico del 2% anual, una cifra que para un país en vías de desarrollo equivale al estancamiento total. En 2023, la economía sufrió una contracción del -0,2%, marcando el inicio de una era de desconfianza empresarial y baja inversión privada.
La trampa de la deuda fue otro golpe certero a la estabilidad. Por primera vez en décadas, la deuda pública escaló al 41,7% del PIB. El Estado chileno se convirtió en un pagador de intereses serial, destinando más de US$4.616 millones solo en 2025 para cubrir compromisos financieros, dinero que salió directamente del bolsillo de los contribuyentes. Además, la inflación histórica del 14,1% al inicio del mandato no fue un accidente, sino la consecuencia directa de políticas de liquidez irresponsables que Boric, desde su época de diputado, defendió con fervor ignorando las advertencias técnicas.
El estallido del crimen organizado
Para el chileno común, el cambio más drástico no estuvo solo en el bolsillo, sino en el miedo a salir a la calle. El año 2022 quedó grabado como el más violento de la historia reciente, alcanzando un pico de 1.330 homicidios. Bajo la mirada de una administración que históricamente cuestionó la labor policial y validó la protesta violenta, el crimen organizado encontró terreno fértil para instalarse.
Aunque hacia finales de 2025 las cifras mostraron una leve mejoría, la tasa de homicidios sigue siendo más del doble de lo que era hace apenas diez años, cuando Chile presumía de niveles de seguridad europeos. El país dejó de ser el barrio seguro de América para importar delitos violentos y sicariato a una escala nunca antes vista, dejando una herencia de inseguridad que obligó a la creación tardía de equipos especiales para enfrentar delitos que antes eran inexistentes en el territorio nacional.
La sombra del Partido Comunista y la agenda del aborto libre
El trasfondo ideológico de la gestión Boric no fue un secreto para nadie. Con el Partido Comunista instalado en el corazón de La Moneda a través de ministerios y vocerías clave, la agenda se volcó hacia experimentos sociales radicales. Mientras la economía se hundía y la gente pedía seguridad, el Ejecutivo concentraba sus esfuerzos en legalizar el aborto libre hasta las 14 semanas, desafiando la base moral y las convicciones de gran parte de la sociedad chilena.
Esta inclinación radical tiene raíces profundas que siempre generaron desconfianza. Es imposible olvidar que el propio Boric, antes de ser presidente, posó sonriente con una camiseta que mostraba al senador Jaime Guzmán asesinado de un tiro en la cabeza. Esa validación implícita de la violencia política marcó el tono de una coalición que siempre tuvo dificultades para condenar el caos y defender con firmeza el Estado de Derecho frente a la delincuencia y el terrorismo en el sur.
Fronteras vulnerables y los escándalos de la burocracia estatal
La crisis migratoria fue el otro gran incendio que la administración no quiso o no pudo apagar. Con más de 125.000 ingresos ilegales detectados entre 2022 y 2024, la soberanía nacional se vio vulnerada sistemáticamente bajo una retórica de fronteras abiertas que solo se endureció cuando el daño ya estaba hecho. Para 2023, se estimaba que casi el 10% de la población en Chile era extranjera, con cientos de miles en situación irregular.
Como si fuera poco, el cierre del mandato estuvo plagado de irregularidades administrativas. El Caso Licencias Médicas reveló que unos 25.000 funcionarios públicos obtuvieron permisos fraudulentos, algunos incluso viajando al exterior mientras cobraban del Estado. Este escándalo, sumado a la falta de transparencia denunciada por el equipo de José Antonio Kast sobre contratos estratégicos con empresas chinas, cierra un ciclo de gestión que priorizó la ideología sobre el rigor, dejando a Chile ante el inmenso desafío de recuperar su rumbo.
