El régimen gobernante en Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aprobó una nueva ley que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras terrestres del país, colocándola bajo control exclusivo del Ejército. Esta medida, aplicada en un país centroamericano de 6 millones de habitantes conocido por sus lagos y volcanes, abarca más de 12.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al 10% del territorio nacional, y afecta áreas ricas en recursos naturales y agrícolas colindantes con Honduras al norte y Costa Rica al sur.

De acuerdo a la BBC, la Ley de Territorio Fronterizo, aprobada el 5 de agosto por la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista, deroga la legislación anterior de 2010 y establece que estas zonas pasan a ser dominio estatal, con el Ejército asumiendo su administración para supuestamente combatir el crimen organizado transnacional. El diputado sandinista Edwin Castro justificó la norma asegurando que no impactará a los habitantes locales, sino que busca frenar actividades ilícitas como el narcotráfico y la migración irregular.

Sin embargo, productores agrícolas y ganaderos en regiones fronterizas expresan temor a confiscaciones. En un reporte de DW, se detalla que la franja incluye tierras fértiles en Río San Juan y la frontera hondureña, vitales para cultivos de maíz, frijoles, café y cría de ganado, donde miles de pequeños propietarios dependen de estas áreas para su sustento. Un ganadero anónimo de la zona con Costa Rica manifestó preocupación por posibles desplazamientos, según Associated Press citada en varios medios.

¿Qué motiva esta legislación? Analistas como Manuel Orozco del Diálogo Interamericano indican que responde a una estrategia de centralización de recursos estratégicos, como el oro –principal exportación nicaragüense con un aumento del 20% en ventas en 2024–, y facilita negocios opacos con aliados internacionales. En particular, el politólogo costarricense Carlos Murillo sostiene que la medida tiene un trasfondo geopolítico, blindando concesiones mineras a empresas chinas como Thomas Metal en áreas protegidas, y garantizando control sobre rutas que podrían beneficiar proyectos de infraestructura de Beijing, como puertos o canales alternativos.

Según El País, el régimen ha estrechado lazos con China desde que rompió relaciones con Taiwán en 2021, reconociendo el principio de "una sola China". Las exportaciones nicaragüenses a China se proyectan en 200 millones de dólares para 2024, un salto desde los 20,9 millones del año anterior, impulsado por un tratado de libre comercio. Además, Beijing ha proporcionado 567 millones de dólares en préstamos para infraestructura como aeropuertos y carreteras, y ha invertido en minería.

En un artículo de Confidencial, se resalta que la ley podría despojar a comunidades indígenas y pequeños propietarios, sin mecanismos claros de compensación, como denuncia el abogado Eliseo Núñez: "No establece de qué manera te van a compensar, si van a aplicar una ley de expropiaciones o un decomiso". Esto deja incertidumbre sobre actividades productivas existentes y proyectos binacionales con vecinos como Costa Rica y Honduras.

Esta acción representa un nuevo paso en la deriva autoritaria del régimen, sancionado por Occidente por violaciones a derechos humanos desde las protestas de 2018. Con Rusia distraída por su conflicto en Ucrania, Nicaragua ha pivotado hacia China para apoyo económico y político, en un contexto donde el oro y otros recursos naturales sostienen la economía pese a la inflación y la emigración masiva.