Según informó la agencia oficial IRNA, el Comando de la Policía iraní concretó la captura de 50 personas acusadas de recopilar y transmitir datos sobre la ubicación de instalaciones clave, infraestructuras de servicios, puestos de control y posiciones de las fuerzas de seguridad. Aunque no se precisaron las ciudades exactas de este primer grupo, el régimen sostiene que se trataba de una red organizada con fines de sabotaje.
Por su parte, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció la detención de otras 123 personas, tras desarticular células operativas en diversas provincias estratégicas. El despliegue más contundente tuvo lugar en Guilán (norte), donde 102 individuos fueron arrestados bajo cargos de planear actos de sabotaje y generar inseguridad en zonas urbanas. Estas detenciones masivas reflejan la paranoia de una cúpula gobernante que, ante la presión militar de la administración de Donald Trump, ve en su propia población civil una amenaza potencial a su supervivencia.
La purga también alcanzó la provincia de Hamedán (oeste), donde 18 personas fueron puestas bajo custodia. Las autoridades las vinculan con grupos monárquicos y las acusan de mantener contactos con Israel, además de realizar actividades mediáticas calificadas como "hostiles" por el aparato estatal. En la provincia de Semnán (norte) también se reportaron detenciones como parte de este esfuerzo coordinado para erradicar cualquier conexión con los servicios de inteligencia extranjeros en un momento de máxima tensión bélica.
Durante las intervenciones, las fuerzas del régimen informaron la incautación de un arsenal que incluye armas de fuego y municiones, así como equipos de comunicación y dispositivos satelitales. Para algunos analistas en el ámbito internacional, estas pruebas presentadas por Teherán suelen ser utilizadas para fabricar casos de traición y justificar la eliminación de opositores políticos. El régimen ha instado a la ciudadanía a denunciar "actividades sospechosas", convirtiendo el entorno social en un sistema de vigilancia mutua.
Desde el estallido del conflicto el 28 de febrero, la cifra de arrestos por supuestos vínculos con grupos de la oposición en el extranjero o espionaje para Washington y Tel Aviv ya supera el millar. Esta campaña de limpieza interna busca silenciar el descontento popular y prevenir cualquier apoyo interno a la coalición liderada por Estados Unidos. La severidad de las detenciones en provincias como Guilán y Hamedán demuestra que el régimen prioriza la represión sobre la diplomacia mientras ignora las demandas de libertad de su pueblo.
