La agencia oficial del poder judicial iraní, Mizan, confirmó que el veredicto fue ratificado por la Corte Suprema, una institución que actúa bajo la voluntad de los ayatolás. Estas muertes son parte de una purga sistemática que se ha intensificado desde que el pasado 28 de marzo comenzaran las operaciones militares aliadas contra los centros neurálgicos del régimen. En su desesperación por mantener el control, Teherán ha puesto en la diana a cualquier ciudadano que se atreva a pedir democracia, utilizando el miedo y la soga como únicas herramientas de gobierno.
El ensañamiento del régimen se ha cebado especialmente con los miembros del movimiento Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), a quienes la dictadura califica de "terroristas" por representar una alternativa real al poder clerical. Este sábado, otros dos integrantes de esta organización fueron ejecutados, elevando la cifra de ahorcamientos políticos a niveles alarmantes en apenas una semana. El desprecio del régimen por la vida humana llegó a su punto más bajo el pasado jueves, cuando un joven de apenas 18 años fue ejecutado bajo las mismas acusaciones infundadas de espionaje.
“Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado. El régimen busca castigar a quienes se levantaron en enero, etiquetando cualquier deseo de libertad como una traición al servicio de potencias extranjeras”, informó la agencia Mizan, en un intento por justificar lo que la comunidad internacional denuncia como asesinatos de Estado.
Las cifras de la represión son estremecedoras y ponen de manifiesto la magnitud de la tragedia que vive Irán. Mientras el gobierno persa admite con cinismo más de 3.000 muertos en las protestas, organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Activists News Agency (Hrana) elevan la cifra de fallecidos a más de 7.000. Esta brecha en los datos refleja el intento sistemático de la dictadura por ocultar el genocidio político que está cometiendo contra su propia población.
