El régimen teocrático de Irán ejecutó este martes a Abolfazl Sepahi-Badjani y Amirhossein Safari-Hosseinabadi, acusados por los medios oficialistas de participar en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en la plaza Alikhani de Isfahán. Según informó el órgano judicial Mizan, la sentencia se llevó a cabo tras imputárseles cargos de conspiración contra la seguridad nacional, alteración del orden público y agresiones armadas durante los disturbios antigubernamentales ocurridos a principios de año.
La ejecución de ambos manifestantes forma parte de un proceso colectivo contra doce personas asociadas a los hechos de Isfahán. Misiones independientes de observadores de la ONU y ONG internacionales han alertado que la tramitación de estos veredictos se desarrolló en audiencias únicas a puerta cerrada, impidiendo una defensa legal adecuada y sin individualizar la responsabilidad penal de los acusados.
Con estas dos nuevas condenas aplicadas, la cifra de personas ajusticiadas en relación con la ola de protestas que exigía el fin del régimen asciende a al menos 26. Diversos organismos defensores de los derechos humanos sostienen que las autoridades de Teherán utilizan la pena de muerte y la tipificación de delitos de seguridad nacional para aterrorizar a la población e inhibir cualquier intento de movilización social.
Mientras organizaciones globales continúan condenando el uso arbitrario de la fuerza y la aplicación masiva de la pena de muerte por parte del aparato estatal, la dictadura teocrática reafirma su política de línea dura e insiste en catalogar la disidencia civil como actos de insurrección armada y terrorismo contra el orden público.
(Con información de Reuters y 20 Minutos)
