Mientras el régimen sandinista se aísla cada vez más del bloque democrático, un reciente informe de la Fundación del Río ha revelado la profundidad de su entrega a los intereses de Pekín. Según la investigación titulada ‘Invasión minera china en Nicaragua’, el Ejecutivo ha cedido más de un millón de hectáreas, el 8,5 % del territorio nacional a 15 empresas de origen chino en apenas cinco años. Este trasvase de soberanía territorial no solo compromete la integridad ecológica de la nación, sino que expone el grado de dependencia financiera y política que el matrimonio Ortega-Murillo mantiene con su socio asiático.
Lo que resulta más alarmante para la transparencia regional es la naturaleza de los beneficiarios. Se trata de empresas de reciente creación, sin historial operativo en el sector minero internacional, sin presencia en mercados de valores y cuya existencia es, en muchos casos, un misterio burocrático. Según el estudio, de las 16 firmas identificadas, la gran mayoría ni siquiera está inscrita en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua. Este esquema de concesiones carece de cualquier rigor técnico, estudios de factibilidad o transparencia sobre los montos de inversión, lo que sugiere que estas "empresas" son meras fachadas para el extractivismo político.
El apetito del régimen y sus socios chinos va mucho más allá de los metales preciosos tradicionales. La ambición extractivista se centra en minerales críticos como el cobalto, el cobre, el níquel y hasta el uranio, insumos estratégicos para la maquinaria industrial de la potencia asiática. El sandinismo, en un acto de sumisión absoluta, ha modificado el marco jurídico nacional específicamente para allanar el camino a estas compañías, permitiendo que operen en áreas protegidas y territorios históricamente pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, vulnerando derechos fundamentales bajo la excusa del "progreso".
Este mecanismo de concesiones no es casual, sino una estrategia deliberada para burlar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). Al aliarse con firmas chinas, Ortega busca crear un cortocircuito financiero que le permita seguir moviendo capitales y extrayendo riqueza sin que el sistema financiero internacional pueda poner freno a sus abusos. Es un claro ejemplo de cómo una dictadura, al verse acorralada, hipoteca el futuro de su propio suelo para garantizar su supervivencia política.
La celeridad con la que se han entregado estos 71 lotes mineros demuestra una urgencia que nada tiene que ver con el desarrollo nacional sino con la transferencia de recursos soberanos a cambio de respaldo político. Mientras el régimen celebra estas alianzas como "inversión extranjera", la realidad es que el patrimonio de Nicaragua está siendo desmantelado sin que la riqueza generada repercuta en el bienestar de los ciudadanos. Se está creando una economía de enclave, donde las ganancias fluyen hacia Pekín y los costos ambientales y sociales quedan confinados dentro de las fronteras nicaragüenses.
