Con una abrumadora mayoría de 59 de los 60 diputados, la Asamblea Legislativa eliminó este martes la prohibición de las penas perpetuas, una barrera que hasta ahora limitaba las condenas a un máximo de 60 años. La reforma busca garantizar que los miembros de las pandillas, clasificados legalmente como terroristas, permanezcan en prisión de forma definitiva, eliminando cualquier posibilidad de reinserción social para quienes han desangrado al país durante décadas.
"Buscamos que los criminales no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre", sentenció la vicepresidenta parlamentaria Suecy Callejas.
Desde el Ejecutivo, la postura es inflexible ya que la pertenencia a una pandilla se considera un "delito continuado" que solo termina con el fallecimiento del individuo. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reafirmó que esta "guerra sin cuartel" no se detendrá ante las presiones externas, calificando la reforma como una herramienta necesaria para que la paz alcanzada en los últimos años sea irreversible.
"Estas organizaciones globalistas que defienden delincuentes van a tener que seguir poniéndose a prueba; ya se quitaron la máscara", arremetió el ministro Villatoro contra las oenegés internacionales que critican el modelo salvadoreño.
La determinación de Bukele ha puesto en evidencia la agenda de ciertos sectores que, bajo la bandera de los "derechos humanos", parecen más preocupados por la comodidad del victimario que por la vida de la víctima. Mientras entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch intentan estigmatizar el régimen de excepción, la realidad en las calles de El Salvador cuenta una historia distinta: una nación que ha pasado de ser la capital mundial del asesinato a un refugio de seguridad para las familias honradas.
🇸🇻‼️ | ÚLTIMA HORA — El Congreso de El Salvador aprobó cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, endureciendo aún más su política de mano firme contra el crimen. pic.twitter.com/VY4txqnvwe
— UHN Plus (@UHN_Plus) March 17, 2026
El gobierno ha sido enfático al señalar que estas oenegés actúan como auténticos "bufetes legales del crimen", intentando salvar de la justicia a terroristas que controlaban ciudades enteras mediante la extorsión y el asesinato. Frente a los intentos de estas organizaciones por desacreditar los juicios masivos, el Estado salvadoreño responde con la contundencia de la ley y el respaldo masivo de un pueblo que finalmente respira libertad.
