La justicia salvadoreña condenó a penas de entre 25 y 55 años de prisión a doce sujetos vinculados a la cancha La Florida de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, organización criminal que mantuvo bajo zozobra a los residentes del municipio de Aguilares, en la zona norte de San Salvador.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó pruebas científicas y testimoniales que establecieron la culpabilidad de cada imputado y el rol jerárquico que desempeñaban dentro de la estructura terrorista. El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso la pena más severa, equivalente a 55 años de reclusión, a Juan Escobar García, alias Smyling o Juana, quien fungía como palabrero y acumuló cargos por agrupaciones ilícitas y portación irresponsable de armas de fuego tras ser interceptado con armamento sin registrar.
Asimismo, la dureza del fallo recayó sobre otros mandos de la organización: los palabreros Carlos Alberto Mejía (alias Duende) y Raúl Alberto Chávez Perdomo (alias Mentiroso o Mosca) recibieron sentencias de 45 y 40 años de prisión respectivamente. Por debajo en la jerarquía, seis sujetos perfilados como homeboys (sicarios y operadores de terreno) fueron sentenciados a 30 años de cárcel cada uno, identificados como Pablo Isabel Melgar Rivera, Martín de Jesús Rivera Flores, Brandon Alexander Henríquez Benavides, Jesús Flores Vásquez, Eduardo Alberto Martínez Erazo y Wilfredo Antonio Aguilar Mejía.
El tribunal completó el fallo condenando a 25 años de prisión a tres colaboradores catalogados como civiles activos (Cristian Alexander Alvarado Flores, Joel Alexis López Grande y Cristian Giovanni Ortiz Romero), quienes colaboraban con la logística financiera y de inteligencia de la clica en la región norteña.
La captura de los doce criminales se logró en el marco de la aplicación del régimen de excepción, instrumento legal clave que ha permitido desmantelar los tentáculos operativos de las pandillas en todo el territorio nacional. Con esta sentencia, el Estado reafirma su compromiso inquebrantable con el orden constitucional, la seguridad ciudadana y la erradicación total de cualquier remanente de criminalidad organizada.
(Con información de la Fiscalía General de la República de El Salvador y Diario El Salvador)
