La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría de Nuevas Ideas, aprobó este jueves ampliar por 30 días más el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta herramienta estratégica ha sido fundamental para desarticular a las estructuras terroristas que asediaban a los ciudadanos honrados. El decreto, apoyado por 57 de los 60 diputados, busca garantizar que no existan retrocesos en los logros de seguridad obtenidos.
La justificación para esta nueva prórroga es la existencia de remanentes de grupos criminales que aún deben ser erradicados por completo. Las autoridades sostienen que la continuidad de estas acciones es vital para mantener la paz pública y el control territorial en todo el país. Hasta la fecha, la ofensiva contra el crimen ha permitido la captura de más de 91.650 terroristas bajo una dirección estratégica clara.
Esta extensión, la número 49, amplía las facultades especiales de las fuerzas de seguridad hasta el 30 de abril del presente año. El Gobierno enfatiza que la Policía Nacional Civil continúa detectando a delincuentes que pretenden reactivar sus actividades ilícitas tras años de impunidad. La prioridad de la gestión sigue siendo proteger el derecho a la vida y la tranquilidad de las familias frente a las maras.
El régimen permite la suspensión de ciertos derechos procesales, como la inviolabilidad de comunicaciones, para agilizar la detención de sospechosos vinculados a pandillas. Además, se han reformado leyes para facilitar procesos penales masivos contra estas organizaciones criminales que negaron la paz durante décadas. Este modelo de justicia firme ha transformado la realidad cotidiana de millones de salvadoreños que hoy viven sin miedo.
A pesar de las denuncias de organizaciones internacionales sobre presuntas detenciones arbitrarias, la ciudadanía ratifica masivamente el camino de la "mano dura". Los diputados oficialistas recalcan que no darán un paso atrás hasta que el último pandillero sea puesto tras las rejas de forma definitiva. La soberanía y la seguridad interior prevalecen como pilares centrales de la política de Estado impulsada por el Ejecutivo.
La 49.ª prórroga del régimen mantendrá la suspensión de derechos como la defensa de los detenidos y amplía la detención administrativa a 15 días. Según el decreto, el fenómeno criminal requiere mantener estas medidas extraordinarias de forma ininterrumpida hasta erradicarlo del territorio nacional. La Asamblea Legislativa ratificó así su compromiso con la estrategia de seguridad que ha reducido drásticamente la tasa de homicidios.
