El Salvador avanza en una reforma penal impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele que permitirá la cadena perpetua para crímenes graves. Según explicaron magistrados de la Corte Suprema ante el Congreso, esta medida alcanzará también a los menores de edad. La iniciativa busca endurecer el castigo contra las agrupaciones terroristas y agresores sexuales en todo el país.
El magistrado Alejandro Quinteros detalló que la pena para menores será una "cadena perpetua revisable". Esto significa que, tras cumplir 25 años de prisión, los condenados podrán optar a una libertad controlada. Este plazo es considerablemente más corto que el estipulado para los adultos, buscando un equilibrio legal en la aplicación de la justicia juvenil.

La reforma se alinea con observaciones internacionales que exigen la posibilidad de libertad condicional para menores sentenciados. El sistema propuesto establece que la revisión de la condena se realice periódicamente cada cinco años. De esta forma, el Estado salvadoreño asegura que la pena no sea absoluta, permitiendo evaluar la rehabilitación del interno.
El paquete de reformas incluye modificaciones a la Ley Penal Juvenil y a la Ley contra Actos de Terrorismo. Estas enmiendas son el complemento de la reforma constitucional aprobada recientemente por el Congreso, dominado por el partido Nuevas Ideas. La intención es cerrar cualquier vacío legal que permita a criminales peligrosos evadir la justicia por su edad.
La propuesta constitucional prohíbe explícitamente el tormento y las penas infamantes, pero hace una excepción única con la prisión perpetua. Esta medida se aplicará exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, figuras que el gobierno identifica como las mayores amenazas a la paz social. La ratificación de esta reforma consolidará el modelo de seguridad del presidente Bukele.