El Gobierno federal de Estados Unidos continuará paralizado al menos hasta el próximo lunes, tras el décimo intento fallido del Senado para aprobar una ley de financiamiento que reactive las operaciones administrativas. La falta de consenso entre demócratas y republicanos ha prolongado la incertidumbre para miles de empleados públicos y la prestación de servicios esenciales, según informaron agencias oficiales como EFE y AP.
El jueves, el Senado, controlado por los republicanos, votó una propuesta que buscaba extender el financiamiento hasta el 21 de noviembre, permitiendo la continuidad de las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, el proyecto, que requería 60 votos para ser aprobado, obtuvo solo 51 a favor y 45 en contra, quedándose corto del apoyo necesario. Aunque los republicanos cuentan con 53 escaños, necesitaban respaldo demócrata, que no se materializó tras repetidos intentos.
La votación reflejó una marcada división partidista, con pocas excepciones. Los demócratas John Fetterman (Pensilvania) y Catherine Cortez Masto (Nevada), junto con el independiente Angus King (Maine), apoyaron la iniciativa republicana. En contraste, el senador republicano Rand Paul (Kentucky) se opuso al proyecto previamente avalado por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, frustrando el esfuerzo de su propio partido.
Tras el fracaso, el Senado entró en receso, y los legisladores abandonaron Washington sin programar nuevas negociaciones para el fin de semana, según confirmó ABC News. El líder de la mayoría, John Thune, modificó su voto al final por un tecnicismo legislativo, dejando abierta la posibilidad de reintroducir la propuesta más adelante, aunque no hay garantías de avances inmediatos. Este bloqueo asegura que la parálisis administrativa persista hasta al menos el lunes, cuando podría intentarse un nuevo acuerdo.
Las consecuencias del cierre ya son palpables. Más de 4.100 empleados de al menos ocho agencias federales recibieron notificaciones de despido debido a la falta de fondos, según AP. Sin embargo, la jueza federal de San Francisco, Susan Illston, emitió una orden que suspende temporalmente estos despidos masivos ordenados por la administración de Donald Trump. El fallo, en respuesta a demandas sindicales, busca mitigar la incertidumbre laboral y el impacto económico en los trabajadores públicos.
La incapacidad del Senado para alcanzar un consenso profundiza la crisis administrativa, afectando servicios esenciales y generando incertidumbre para los empleados federales. Mientras el Congreso permanece estancado, el país enfrenta un escenario de inactividad gubernamental sin una solución clara a la vista, lo que podría prolongar las tensiones políticas y económicas en las próximas semanas.