En un giro que deja al Ejecutivo español como el último bastión del buenismo migratorio, los gobiernos socialistas de Dinamarca y Malta han anunciado su respaldo oficial a la creación de centros de deportación en terceros países. Esta decisión fractura la supuesta unidad de la familia socialdemócrata europea y deja a España como el único país de peso que se opone a las medidas de control estricto que exige la ciudadanía frente al desbordamiento de las fronteras.
La testarudez ideológica de Sánchez está convirtiendo a España en el imán de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Mientras sus propios colegas ideológicos en Copenhague y La Valeta entienden que la seguridad nacional y el orden público son prioridades irrenunciables, el sanchismo insiste en mantener un efecto llamada que solo beneficia a las mafias. Esta desconexión con la realidad europea no es solo un error diplomático, sino una negligencia que pone en riesgo la convivencia y la propiedad privada en las ciudades.
"Es esencial garantizar que quienes no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea sean efectivamente retornados a sus países de origen o tránsito", ha insistido con firmeza la presidencia chipriota de la UE, alineada con el nuevo consenso de firmeza.
La postura de Dinamarca no es nueva, pero su liderazgo actual arrastra a otros países que antes dudaban. El modelo danés, que busca externalizar la gestión de asilo, se ha convertido en el referente para una Europa que ya no puede absorber más presión migratoria. Por su parte, Malta, un país que sufre en primera línea el drama del Mediterráneo, ha decidido que la supervivencia de su soberanía pasa por la ejecución real de las expulsiones, algo que en la España de Sánchez brilla por su ausencia, donde apenas se ejecuta el 9,7% de las órdenes de expulsión.
"No podemos permitir que el sistema de asilo sea utilizado como una puerta trasera para la inmigración ilegal permanente; necesitamos centros de retorno operativos ya", señalaron fuentes diplomáticas maltesas tras la reunión en Bruselas.
Mientras el resto de la UE vota por intensificar las expulsiones y crear infraestructuras seguras fuera del territorio comunitario, el Ministerio del Interior de España sigue sumido en la inoperancia. La falta de convenios de repatriación efectivos y la negativa a participar en estos centros de retorno sitúan al país en una posición de vulnerabilidad extrema. Sánchez prefiere el aplauso de sus socios ultraperiféricos en el Congreso antes que la seguridad que demandan las naciones libres de Europa.
La creación de centros de deportación en países terceros no es una medida inhumana, sino una herramienta logística necesaria para restaurar la ley y el orden. Si un ciudadano no tiene derecho legal a permanecer en suelo europeo, la única salida democrática es su retorno. Negar esta realidad, como hace Moncloa, solo alimenta la desconfianza hacia las instituciones y debilita el proyecto común europeo.
