La justicia colombiana propinó un duro golpe financiero a las estructuras del Pacto Histórico al ordenar el embargo preventivo de sus cuentas bancarias. La resolución judicial responde al incumplimiento sistemático en el pago de una deuda de 450 millones de pesos contraída durante la campaña electoral que llevó al poder a Gustavo Petro en 2022.
El requerimiento fue interpuesto por la empresaria santandereana Bibiana Pérez, quien otorgó un préstamo a la colectividad política el 18 de mayo de 2022, días antes de la primera vuelta presidencial. Tras cuatro años de evasivas e impagos, la demandante acudió a los tribunales para exigir la restitución de los recursos junto con los intereses moratorios generados por la falta de cumplimiento.
Ineficiencia administrativa y el oscuro historial de la gerencia de campaña
La obligación recaía originalmente sobre el entonces gerente de la campaña presidencial y posterior presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cuestionado por su deficiente gestión financiera. La incapacidad de la cúpula oficialista para saldar sus compromisos económicos contrasta con el elevado gasto publicitario y logístico desplegado durante la contienda electoral.
Este nuevo escándalo administrativo expone la opacidad en el manejo de los fondos del Pacto Histórico, una coalición que acumuló millonarios pasivos sin que la posterior asignación de recursos por reposición de votos sirviera para solventar las acreencias pendientes con proveedores y particulares.
🇨🇴‼️ | Ordenan embargar las cuentas bancarias del Pacto Histórico de Petro por deuda sin pagar desde la campaña del 2022: un juzgado civil en Colombia decretó el congelamiento de fondos tras una demanda por $450 millones de pesos (más de 110.000 dólares) prestados en 2022 y jamás devueltos. El fallo acorrala al partido y a su exgerente de campaña Ricardo Roa, a quien ya quitaron su sueldo y siete propiedades.
— UHN Plus (@UHN_Plus) October 28, 2026
Acumulación de demandas ejecutivas y embargos judiciales
No se trata del único frente judicial por morosidad que salpica a la cúpula del partido oficialista y a sus directivos. Ricardo Roa ya enfrenta un proceso ejecutivo promovido por la firma de transporte aéreo Sadi por una factura no cancelada de 1.109 millones de pesos, lo que derivó en el embargo de sus bienes e inmuebles personales.
El deterioro en la credibilidad de la dirigencia del Pacto Histórico se profundiza en medio de investigaciones disciplinarias y judiciales por presuntos conflictos de interés, dejando en evidencia serias irregularidades en la administración de los recursos que financiaron el proyecto político del oficialismo.
(Con información de Infobae)
