Las fuerzas de seguridad de Bolivia desmantelaron entre el 8 y el 10 de abril un total de 46 laboratorios de cocaína. La intervención se centró en los municipios de Entre Ríos, Bulo Bulo y Villa Tunari, áreas que albergan a los principales sindicatos de productores de hoja de coca. Bajo la gestión del zar antidroga Ernesto Justiniano, el Estado ha dejado claro que no habrá territorios fuera del alcance de la ley.
El operativo "Tormenta del Trópico" no solo atacó la producción, sino también la capacidad financiera y de fuego de estas organizaciones. Además de la detención de 11 implicados, la Policía confiscó viviendas, vehículos, motocicletas y un arsenal que incluía rifles y pistolas. Un dato alarmante revelado por el Viceministerio de Defensa Social es la eliminación de 8.800 litros de ‘agua rica’, una sustancia química que ya estaba lista para ser transformada en 333 kilos de cocaína purificada, lo que evidencia la escala industrial de estas operaciones clandestinas en el corazón del país.
“Este esfuerzo permitió intervenir estructuras vinculadas a la producción y logística de sustancias controlada”, sentenció Ernesto Justiniano.
La intervención estatal no estuvo exenta de violencia. El pasado jueves, grupos de campesinos cocaleros intentaron frenar el avance de las fuerzas del orden utilizando palos y piedras, una reacción típica de los sectores que protegen la economía ilícita. La Policía debió emplear agentes químicos para dispersar la protesta y garantizar la seguridad de los efectivos. Con estimaciones de 40.000 hectáreas de coca sembradas (de las cuales casi la mitad son ilegales), el gobierno enfrenta el reto de desarticular un sistema de producción que genera unas 300 toneladas de droga al año, de las cuales solo se logra decomisar un escaso 10%.
De forma simultánea, el Ministerio Público boliviano asestó otro golpe fundamental en la protección de los valores familiares y la integridad de los menores. En la denominada ‘Operación ROMA I’, las autoridades detuvieron a diez adultos en diversas regiones del país vinculados a la distribución de material de abuso sexual infantil en entornos digitales. Este operativo es el primero de gran envergadura bajo la nueva ley de protección de menores en internet, demostrando que el Estado está dispuesto a utilizar herramientas tecnológicas de inteligencia para perseguir a los depravados que operan en la red.
“Logramos la aprehensión de diez personas adultas y la identificación de un adolescente con responsabilidad penal, gracias a un trabajo de investigación de meses”, informó el fiscal general Roger Mariaca.
Durante los 19 allanamientos de la ‘Operación ROMA I’, los agentes incautaron un vasto equipamiento tecnológico, incluyendo 64 teléfonos móviles y 12 computadoras portátiles, que serán sometidos a peritajes forenses. Lo más revelador fue el hallazgo de armas de fuego, explosivos y sustancias controladas en poder de los delincuentes, lo que confirma el vínculo intrínseco entre las redes de abuso infantil y otras formas de criminalidad organizada.
