Durante la "Operación 200", ejecutada entre el 1 y el 3 de abril, las fuerzas especiales de la Felcn desmantelaron centros de producción de cocaína y decomisaron más de 176 kilos de marihuana y 100 kilos de cocaína base. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que los operativos no solo se centraron en la incautación de producto terminado, sino en la destrucción de la infraestructura productiva del narcotráfico.
En el Trópico de Cochabamba, histórico bastión del cocalero Evo Morales, las autoridades localizaron y destruyeron fábricas de cocaína, incinerando además más de 980 litros de droga líquida y grandes cantidades de precursores químicos como ácido sulfúrico y gasolina. La actual administración ha denunciado que el potencial de producción de cocaína en Bolivia ha escalado hasta las 300 toneladas métricas anuales debido a la falta de erradicación durante la gestión anterior de Luis Arce.
Justiniano señaló que en 2025 apenas se destruyeron 2.700 hectáreas de coca, lo que permitió que el excedente de hoja ilegal se desviara masivamente hacia la fabricación de estupefacientes. El compromiso del presidente Rodrigo Paz es erradicar al menos 10.000 hectáreas anuales para restablecer el orden y cumplir con los tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado.
“Estamos atacando el caldo de cultivo del narcotráfico. De nada sirve capturar cabecillas si permitimos que miles de hectáreas de coca ilegal sigan alimentando la producción de cocaína en regiones como el Chapare”, afirmó el viceministro Justiniano al presentar los resultados de la "Operación 200" ante los medios de comunicación.
La operación también puso al descubierto la corrupción interna en los organismos de seguridad. En la localidad de Cotoca, dos sargentos de la Felcn fueron detenidos tras ser sorprendidos alterando cargamentos de droga que debían ser incinerados. Ambos funcionarios enfrentan ahora 180 días de detención preventiva, enviando un mensaje contra los malos elementos policiales que, según el Gobierno, heredaron prácticas permisivas de administraciones pasadas.
El enfoque del nuevo Ejecutivo boliviano se centra en desmantelar el mercado ilegal del Trópico de Cochabamba, donde se estima que el 92% de la hoja de coca producida termina en manos del narcotráfico. Con 40.000 hectáreas de coca registradas en todo el país, el gobierno de Paz busca reducir drásticamente el excedente para secar las fuentes de financiamiento de las bandas criminales que han ganado terreno en Sudamérica.
