El cinismo de Adif ha alcanzado niveles intolerables tras la masacre ferroviaria de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España. Mientras las familias de los 46 fallecidos exigen respuestas, una inspección ocular del juzgado ha revelado que la empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes, retiró de forma clandestina 42 metros de vía de los que no había informado. Este acto de piratería institucional es una manipulación flagrante de pruebas, ya que con anterioridad la compañía fue duramente reprendida por la jueza Cristina Pastor por llevarse trozos de soldadura y raíles por la noche apenas días después de la catástrofe que conmocionó a toda la nación.
Con esto, Adif se presenta como una entidad del Estado que actúa como una organización dedicada a la ocultación de evidencias criminales. El accidente del pasado 18 de enero, ocurrido en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad, fue el resultado de una desidia letal. La investigación técnica ya ha confirmado que la vía estaba fracturada 22 horas antes del impacto, y que un sistema de mantenimiento mínimamente competente habría detectado que ese carril era una trampa mortal.
“La magistrada ha ordenado a la Guardia Civil el precinto inmediato de todo el material y ha advertido a Adif de las responsabilidades legales que conlleva el incumplimiento de sus deberes como depositario judicial”, dictan las providencias que denuncian esta reincidencia institucional.
El descarrilamiento del tren Iryo y su posterior choque contra un Alvia de Renfe dejó un rastro de destrucción con vagones volcados por terraplenes de cuatro metros. Entre los fallecidos se encuentran familias enteras, profesionales de renombre y jóvenes con todo el futuro por delante. Mientras tanto, Adif se permite el lujo de realizar "ensayos de dureza" por su cuenta sobre el material sustraído, alegando que buscaba evitar su "deterioro".
La Fiscalía Europea (EPPO) ya investiga el destino de los 111 millones de euros destinados al mantenimiento de este tramo, ante la sospecha de una malversación masiva de fondos públicos que habrían dejado las vías en estado de abandono. La CIAF apunta a una soldadura defectuosa que jamás debió pasar los controles de seguridad en una infraestructura de alta velocidad. Con 152 heridos y una sociedad que exige responsabilidades, que Adif intente burlar al juzgado de Montoro retirando acero sin permiso es la prueba definitiva de que en los despachos oficiales hay mucho que ocultar.
