La ciudad de Nueva York se encuentra en el centro de una nueva tormenta política tras la denuncia federal contra su representante más mediática, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. La líder del ala radical del Partido Demócrata ha sido acusada de desviar fondos de su campaña electoral para costear servicios psiquiátricos personales, un hecho que ha encendido las alarmas sobre la transparencia en el manejo de los recursos de sus donantes. El National Legal and Policy Center (NLPC) presentó una queja formal ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC) en Nueva York, exigiendo una auditoría exhaustiva sobre tres pagos realizados en 2025 que suman 18.725 dólares, destinados al Dr. Brian Boyle.
El NLPC sostiene en su denuncia que estos gastos, reportados engañosamente como "consultoría y capacitación de liderazgo", constituyen un uso personal prohibido de los fondos de campaña. Según la normativa vigente, los legisladores neoyorquinos no pueden utilizar el dinero recaudado para fines electorales en cubrir necesidades de salud privada que no tengan relación directa con su actividad política. La queja subraya que el Dr. Boyle es un psiquiatra de Boston especializado en terapias con ketamina para la depresión y el TEPT, y carece de cualquier trayectoria como consultor de liderazgo o estratega político.
"Existe razón para creer que el uso de fondos de campaña por parte de Alexandria Ocasio-Cortez para pagar a un psiquiatra que no tiene experiencia en 'capacitación de liderazgo' fue para terapia psiquiátrica personal", sentenció Paul Kamenar, abogado del NLPC, en la denuncia radicada en la jurisdicción correspondiente.
La sospecha de malversación se ve reforzada por el perfil del médico contratado, quien es una autoridad reconocida en el uso de sustancias controladas para el tratamiento de trastornos mentales. El NLPC destaca que, en ninguna de las plataformas profesionales del Dr. Boyle, se menciona la asesoría a campañas políticas, lo que sugiere que la descripción utilizada por Alexandria Ocasio-Cortez fue una maniobra deliberada para ocultar el destino real del dinero ante los organismos de control en Nueva York. Esta falta de veracidad en los reportes podría acarrear sanciones civiles y disciplinarias severas para la congresista.
Históricamente, Alexandria Ocasio-Cortez ha utilizado su plataforma en Nueva York para defender la legalización y el uso médico de sustancias psicodélicas, argumentando que la clasificación actual de estas drogas impide la investigación científica. Curiosamente, los tratamientos que ofrece el Dr. Boyle coinciden con la agenda de promoción de psicotrópicos que la congresista impulsa desde su escaño. Para sus detractores en el estado, este vínculo sugiere que la legisladora no solo promueve estas terapias desde la tribuna, sino que presuntamente utiliza el capital de sus seguidores para financiarlas de manera opaca.
"En ninguna parte el Dr. Boyle se anuncia ofreciendo servicios de 'Capacitación de Liderazgo' a candidatos. Las comunicaciones a la campaña de Alexandria Ocasio-Cortez para comentar sobre estos gastos no recibieron respuesta", detalla el documento de la denuncia presentado este lunes.
El historial de pagos bajo la lupa detalla desembolsos realizados en marzo, mayo y octubre de 2025, periodos en los que la actividad electoral de Alexandria Ocasio-Cortez en su distrito de Nueva York no justificaba un gasto tan elevado en consultoría externa de esta naturaleza. De confirmarse que los servicios fueron puramente terapéuticos, la legisladora habría violado el Código de Ética de la Cámara de Representantes, que exige que todo gasto de campaña sea destinado estrictamente a fines electorales. La hipocresía de utilizar dinero de donantes para beneficios personales es ahora el eje central de la batalla legal que enfrenta.
Mientras los reguladores federales en Nueva York deciden si inician una investigación formal, el silencio de la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez alimenta las sospechas de irregularidad. El éxito de esta acción legal pondría en entredicho la integridad de una de las figuras más influyentes de la izquierda radical estadounidense, dejando al descubierto cómo el discurso de "justicia social" se desvanece cuando se trata de rendir cuentas sobre el manejo de fondos privados. La comunidad política de Nueva York aguarda ahora el dictamen de la FEC sobre este nuevo escándalo ético.
