En vísperas de las elecciones legislativas de medio término, según Axios, sectores del entorno del presidente Donald Trump discuten abiertamente la aplicación de medidas de excepción (incluida la Ley Marcial) para que la administración federal intervenga el proceso electoral en caso de denunciar un presunto fraude en las urnas.
Entre los promotores de estas iniciativas destaca Peter Ticktin, abogado cercano al mandatario, quien defendió durante una transmisión con activistas conservadores que el Ejecutivo debería declarar la ley marcial e incautar el material electoral si se detectan irregularidades en el proceso.
Asimismo, la activista electoral Tina Peters ha promovido la suspensión del voto electrónico y la exigencia de recuentos manuales obligatorios para prevenir distorsiones en los resultados, manteniendo un estrecho contacto con el entorno del despacho oval tras visitar la Casa Blanca en meses recientes.
Ante la presión de estos grupos, expertos constitucionales del Brennan Center for Justice remarcaron que el marco legal estadounidense impide cualquier intento de interferencia ejecutiva:
"Los poderes de emergencia no constituyen un cheque en blanco para el presidente. La Constitución asigna al Congreso la potestad de fijar la fecha de las elecciones y a los estados la regulación de sus procesos de escrutinio, sin que la Ley Marcial permita invadir esas salvaguardas".
Por su parte, voceros de la Casa Blanca enfatizaron que la prioridad de la administración sigue siendo garantizar elecciones seguras y transparentes dentro de los márgenes estrictos y delimitados por la ley.
(Con información de Axios)
