El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó formalmente al ingeniero y experimentado político cruceño Ernesto Justiniano como su nuevo ministro de Defensa, en una decisión estratégica destinada a frenar la preocupante ola de desestabilización que mantiene al país semiparalizado. Justiniano, quien hasta este martes se desempeñaba con éxito como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asume de forma inmediata el mando directo de las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad del Estado.
Su nombramiento se produce en una coyuntura de extrema gravedad institucional, marcada por cuatro semanas consecutivas de bloqueos de carreteras promovidos por sectores radicales que buscan forzar la renuncia del mandatario a menos de siete meses de haber asumido el poder legítimo.
Nacido en 1969 en Santa Cruz de la Sierra y formado con altos honores en ingeniería electromecánica en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, el nuevo ministro posee un bagaje político intachable, habiendo ejercido como diputado nacional y zar antidrogas. Durante la administración actual, Justiniano se consolidó como una pieza fundamental de la inteligencia estatal al liderar como estratega la captura del peligroso narcotraficante Sebastián Marset, asestando un golpe demoledor a las mafias organizadas.
Asimismo, a mediados de mayo de este año, el funcionario coordinó directamente desde la Casa Blanca el histórico retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos a territorio boliviano, garantizando un robusto soporte logístico y técnico occidental que ahora será clave para enfrentar la subversión interna en los siete departamentos afectados por los piquetes radicales.
La sorpresiva designación de Justiniano se materializó tras la dimisión de Marcelo Salinas, quien prefirió dar un paso al costado en medio de la fuerte presión ejercida por los manifestantes, cuya intransigencia ha dejado a las principales urbes del país al borde de una emergencia sanitaria por falta de oxígeno y alimentos. Ante el rotundo fracaso de las mesas de diálogo debido a las demandas políticas desmedidas de los movilizados, el Parlamento boliviano allanó el camino legal para una respuesta contundente al abrogar las leyes que limitaban la implementación del estado de excepción constitucional.
La crisis institucional de la administración de Paz se agudizó con la salida simultánea de la ministra de Educación, Beatriz García, y del titular de Trabajo, Édgar Morales, exponiendo las fracturas internas del gabinete ante la intensidad del asedio callejero. Los sectores movilizados justifican su accionar alegando contradicciones económicas y problemas en el desabastecimiento de combustible, argumentos que la derecha boliviana interpreta como una narrativa instrumentalizada por los seguidores del socialista de Evo Morales para derrocar un gobierno democrático.
La estrecha alianza que el nuevo ministro de Defensa tejió con las agencias de seguridad estadounidenses y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), William Cabrera, le otorga una legitimidad operativa única para coordinar planes de contención a gran escala. Su perfil técnico y empresarial en Santa Cruz de la Sierra —el motor económico de Bolivia— garantiza además un vínculo de confianza con las fuerzas productivas que exigen el fin de la impunidad de los sindicatos cocaleros y campesinos vinculados al desorden.
(Con información de Infobae)
