España ha dado luz verde a la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo, cifra equivalente a 12,3 días del consumo nacional. Esta medida, anunciada por la vicepresidenta Sara Aagesen tras el Consejo de Ministros, busca mitigar el impacto económico de la guerra en Irán y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
La operación se ejecutará en varias etapas: una fase inmediata de 3,75 millones de barriles provenientes de la industria y una segunda fase de 8 millones que gestionará la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores). Esta movilización forma parte de un acuerdo global de la AIE para inyectar 400 millones de barriles al mercado mundial en 90 días, intentando frenar la escalada del crudo Brent.
Se trata de la mayor liberación de existencias en la historia de la AIE, superando incluso las medidas tomadas durante la invasión rusa de Ucrania en 2022. El paquete español se desglosa principalmente en destilados medios (9 millones de barriles), seguidos de gasolina y fuelóleos, con el fin de garantizar el suministro interno y apoyar solidariamente a naciones con alta exposición al crudo que transita por Ormuz.
La vicepresidenta Aagesen destacó que, aunque el mercado ya ha comenzado a interiorizar el anuncio en los precios actuales, el efecto real se percibirá cuando el resto de los países miembros completen sus respectivas aportaciones. Actualmente, España se suma a una lista selecta que incluye a Estados Unidos, Japón y Alemania como los primeros en formalizar estas acciones de emergencia.
España mantiene por ley una reserva de seguridad de 92 días, de los cuales Cores custodia 42 y la industria los 50 restantes. Este mecanismo ya fue vital tras el apagón peninsular de 2025, demostrando ser la herramienta principal del Estado para responder a crisis geopolíticas que amenazan la estabilidad energética y el coste de vida de los ciudadanos.
La ministra para la Transición Ecológica mantendrá este jueves una reunión clave con los principales agentes del sector petrolero en España para coordinar la logística de distribución. El objetivo es asegurar que el combustible llegue a los canales comerciales de forma ágil, minimizando cualquier riesgo de desabastecimiento en sectores críticos para la economía nacional.
El Gobierno ha asegurado que permanecerá vigilante ante los indicadores de mercado para decidir si es necesario activar fases adicionales de liberación de crudo. Esta flexibilidad permitirá a España reaccionar con rapidez si la tensión en Oriente Próximo se recrudece, garantizando siempre que las reservas estratégicas se mantengan en niveles que cumplan con la normativa europea de seguridad.
