Tres ciudadanos nicaragüenses fueron deportados a la República Centroafricana en un vuelo procedente de Estados Unidos. La organización Human Rights First confirmó la llegada de los migrantes a la capital de la nación africana. El procedimiento constituye la primera expulsión de personas de esa nacionalidad hacia África bajo la política de terceros países.
Uno de los afectados declaró haber sido detenido durante una cita rutinaria para el registro de sus huellas dactilares. El migrante afirmó que conoció su destino final mientras permanecía a bordo de la aeronave en vuelo. Las autoridades locales mantienen bajo custodia policial a los deportados en condiciones precarias y sin documentación de viaje.
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que el ciudadano registraba una orden definitiva de expulsión del territorio norteamericano. Las fuentes oficiales negaron que el individuo contara con un estatus de protección vigente para residir legalmente. El gobierno estadounidense mantiene bajo reserva la identidad de los otros dos compatriotas incluidos en el traslado.
Las expulsiones forman parte de una serie de vuelos dirigidos hacia múltiples naciones del continente africano. Cerca de un centenar de migrantes de distintas nacionalidades resultaron trasladados en la fase final del mes de agosto. Las medidas responden a acuerdos bilaterales suscritos por Washington con más de una treintena de gobiernos extranjeros.
El convenio con las autoridades centroafricanas contempló partidas financieras destinadas a organismos de asistencia internacional en la zona. Sin embargo, defensores de derechos humanos expresaron preocupación por los conflictos armados e inestabilidad del país receptor. La presencia de grupos mercenarios y la falta de garantías operativas elevan los riesgos para los deportados.
Organizaciones de monitoreo registraron decenas de operaciones aéreas para reubicar a ciudadanos fuera de sus regiones de origen. Las instituciones advirtieron sobre graves deficiencias en las garantías del debido proceso migratorio en Estados Unidos. El esquema incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a traslados forzados hacia territorios hostiles.
Las autoridades continúan multiplicando las rutas de deportación hacia diversos destinos de América Latina y África. El escenario obliga a las familias a buscar alternativas jurídicas para lograr el rescate de sus allegados.
(Con información de Infobae)
