La presión de Washington sobre el régimen de Venezuela ha entrado en una nueva fase. Tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, la administración del presidente Donald J. Trump trasladó a las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez una solicitud concreta: cooperar activamente con las investigaciones que la Justicia estadounidense mantiene abiertas contra nueve altos dirigentes del chavismo.
La petición no se limita a declaraciones formales. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Estados Unidos exige acceso a registros administrativos, documentación confidencial y trazabilidad financiera vinculada a presuntas operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. El planteamiento de Washington contempla una estrategia escalonada.
En una primera etapa, se solicita que funcionarios estadounidenses puedan realizar entrevistas en territorio venezolano, revisar archivos oficiales y acceder a información clave. En una segunda fase, se propone la participación —e incluso supervisión parcial— de equipos investigadores norteamericanos en los procesos de verificación interna, todo ello bajo la condición de que Caracas no reconozca públicamente esa cooperación.
La tercera fase contempla mecanismos de entrega o traslado de funcionarios bajo investigación, evitando el término “extradición”, dado que la Constitución venezolana prohíbe formalmente la extradición de nacionales. Sin embargo, el ordenamiento jurídico del país permite procesar a ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero, lo que abre una vía legal alternativa.
Entre los nombres señalados por Washington figuran Nicolás Maduro Guerra (hijo del ex dictador), Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello, Tareck El Aissami, Walter Jacob Gavídia Flores y Pedro Luis Martín-Olivares, todos vinculados a distintas causas judiciales en Estados Unidos. Las acusaciones principales giran en torno a lavado de dinero, narcotráfico y estructuras financieras asociadas al llamado Cártel de los Soles.
De manera significativa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no aparecen en la lista inmediata de prioridades, lo que, según declaraciones previas del secretario de Estado Marco Rubio, podría estar relacionado con cálculos estratégicos dentro del proceso de transición política. Washington habría dejado claro que la cooperación influirá en la posición futura de ciertos actores dentro del régimen.
En paralelo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, sostuvo una reunión en Caracas con Delcy Rodríguez para reforzar la cooperación bilateral, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico. El régimen venezolano informó que ambas partes acordaron avanzar en una agenda conjunta contra el tráfico de drogas, el terrorismo y otros desafíos transnacionales.
Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos a la espera de su próxima audiencia judicial, reprogramada para el 26 de marzo. Ambos se declararon inocentes y se autodefinieron como “prisioneros de guerra”, aunque la acusación formal incluye cargos graves como conspiración para el narcoterrorismo, tráfico masivo de cocaína y posesión de armas de guerra.
El expediente judicial sostiene que Maduro y otros altos funcionarios colaboraron durante más de dos décadas con estructuras criminales para enviar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, utilizando rutas en el Caribe y Centroamérica bajo la estructura del Cártel de los Soles.
La nueva exigencia de Washington coloca bajo presión directa a la cúpula del régimen chavista. La cooperación —o falta de ella— podría definir no solo el alcance de las investigaciones penales, sino también el rumbo de la transición política en Venezuela.
