Agentes del FBI arrestaron este viernes a Thomas Markle, de 82 años, en las instalaciones de un centro de atención de Lakeland, Florida, imputado por presunta posesión y tráfico de material de abuso sexual infantil.
La detención del exdirector de iluminación se ejecutó tras semanas de investigaciones internacionales. El expediente cobró impulso decisivo cuando la Policía Nacional de Filipinas confirmó la incautación de tres tarjetas de memoria y un teléfono móvil en la ciudad de Cebú con miles de archivos de explotación infantil. A estos elementos se sumaron las denuncias de su hijo, Thomas Markle Jr., y la inspección de un depósito arrendado en Rosarito, México, donde detectives hallaron dispositivos electrónicos adicionales.
Tras confirmarse la captura, la duquesa de Sussex emitió una declaración informando que en 2018 remitió antecedentes sobre estas conductas a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Familia Real, explicando que el quiebre de la relación respondió al deber de resguardar la seguridad de sus hijos.
Antecedentes de la investigación trasnacional y prueba material
Las pesquisas operativas se concentraron en las ciudades de Cebú y Rosarito, donde Thomas Markle mantuvo residencias fijas hasta mediados del presente año. En esos inmuebles se confiscaron soportes de almacenamiento digital enviados al laboratorio forense informático del FBI en Tampa.
Las pruebas procesales incluyen la trazabilidad de los archivos digitales recuperados en Asia, la documentación entregada por el entorno familiar directo y las diligencias de la Policía Metropolitana de Londres sobre las denuncias preventivas registradas en 2018.
Calificación jurídica y procedimiento de extradición
Thomas Markle enfrenta cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil bajo el Código de los Estados Unidos (Título 18, Sección 2252), delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión federal por cada cargo procesado.
El detenido permanecerá en custodia federal en el estado de Florida sin derecho a fianza mientras el Departamento de Justicia coordina la unificación de los expedientes probatorios remitidos por las autoridades policiales de Filipinas y México.
(Con información del Departamento de Justicia de EE. UU.)
