El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló este viernes la creación de una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la región cubierta por el Comando Sur (SOUTHCOM), que incluye 31 países de América del Sur, Central y el Caribe. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló que esta iniciativa busca intensificar las operaciones contra el tráfico de drogas marítimo, tras una serie de ataques recientes a embarcaciones sospechosas en el Caribe. “El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, les detendremos en seco”, enfatizó Hegseth en un mensaje publicado en X.

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El anuncio se enmarca en una escalada de tensiones en la zona, impulsada por el despliegue de fuerzas estadounidenses que han destruido varias lanchas rápidas cerca de las costas venezolanas, acusadas de transportar narcóticos. Desde el 2 de septiembre, al menos cinco embarcaciones han sido hundidas en el Caribe, resultando en la muerte de 21 personas identificadas por Washington como narcotraficantes, según fuentes del Pentágono. El presidente Donald Trump, en una reunión de gabinete el jueves, describió estas naves como “como un vagón de metro cargado de drogas”, afirmando que cada cargamento podría haber causado la muerte de “25.000 estadounidenses” por sobredosis. Trump también celebró que “las drogas ya no están entrando por agua” y que “ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua”, aunque el Departamento de Defensa no ha proporcionado detalles específicos sobre los cargamentos ni ha convocado conferencias de prensa al respecto.

Trump vinculó explícitamente estos ataques a una “campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y carteles salvajes y sedientos de sangre”. Según el mandatario, los pasajeros de las lanchas abatidas eran narcotraficantes que intentaban llevar estupefacientes desde Venezuela hacia Estados Unidos. El Pentágono reportó haber eliminado a cuatro narcotraficantes en la última operación, elevando el saldo total de fallecidos a 21 desde el inicio de la ofensiva.

Esta estrategia ha generado controversia política en Washington. El Senado rechazó el miércoles una propuesta demócrata para bloquear estos ataques en aguas internacionales del Caribe sin autorización congressional, con los republicanos defendiendo la iniciativa de Trump como esencial para la seguridad nacional. A pesar de las críticas, la administración ha reforzado su presencia militar en la región con al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido nuclear y más de 4.500 soldados desplegados en el mar Caribe.

En un desarrollo paralelo, Granada, la isla caribeña vecina de Venezuela, recibió este jueves una solicitud de Estados Unidos para hospedar temporalmente personal y equipo militar en su territorio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada confirmó que Washington pide instalar “equipos de radar y personal técnico asociado” en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Esta petición surge en medio de las crecientes fricciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano por las operaciones antinarcóticos en la zona.

El comunicado oficial de la cancillería granadina indica que los ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores están “evaluando y revisando cuidadosamente la solicitud”, en colaboración con la Autoridad Aeroportuaria y otras entidades. Granada enfatizó que cualquier resolución se tomará solo tras completar todas las evaluaciones técnicas y legales, priorizando la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional, incluyendo la protección de su industria turística, los viajeros y la economía local. “Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión se guiará por estos principios”, concluye la nota.

La nueva fuerza antinarcóticos bajo SOUTHCOM representa un esfuerzo ampliado para combatir el flujo de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes con Venezuela. Analistas observan que estas operaciones podrían alterar el equilibrio regional, mientras el gobierno de Trump insiste en su efectividad para reducir la crisis de opioides en el país norteamericano.